Debido a la falta de programas y políticas públicas para las mujeres rurales por parte del Gobierno mexicano, en el campo nacional las mujeres rurales e indígenas migran más que los hombres para trabajar en estados de la frontera norte o en Estados Unidos como jornaleras o en el trabajo doméstico.
Así lo aseveró la doctora en Sociología Sara María Lara, investigadora de Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), durante la conferencia Mujer rural, llevada a cabo hace unos días en esa casa de estudios.
En México, dijo, por cada 100 mujeres migrantes hay 98 hombres, pese a que existe una «selectividad de género», es decir si alguien tiene que migrar, los recursos del hogar que se destinan se priorizan para los varones.
«Realmente no existen programas de financiamiento para las mujeres en el campo, ellas tienen muy pocas oportunidades de producir en la agricultura», refirió la experta.
En los últimos años los apoyos de Procampo «quien más los aprovecha son los grandes empresarios de Sinaloa, acaparan el subsidio». Mientras que Oportunidades es un programa, como los que hay desde que Acción Nacional llegó a la presidencia de México, dirigido a atención a la pobreza no a la atención del campo.
«Antes se pensaba que el campesinado podía ser útil, pero ahora, a cambio del dinero que da el Gobierno (con sus apoyos) a las y los campesinos les piden que quemen la basura, las ponen a limpiar las calles», señaló.
Las razones de la migración, mencionó Sara María Lara, son las crisis económicas, la apertura de los mercados, como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), abandono de los mecanismos oficiales de apoyo al campo, no hay tierra y fuentes de trabajo locales, entre otras.
De acuerdo con sondeos realizados por la especialista con apoyo de la UNAM, 55 por ciento de las mujeres migrantes no sabían leer ni escribir, contra el 49 por ciento de los hombres en esa situación.
JORNALERAS MIGRANTES
Las migrantes tienen como opción trabajar como jornaleras agrícolas si migran fuera o dentro de su país. Para ellas el salario representa un logro, pues años atrás el pago por su labor se le otorgaba a su padre o esposo. Sin embargo, este sigue siendo «un trabajo precario», no tienen contratos, no les pagan los días de descanso, laboran hasta 12 horas y no tienen ningún tipo de prestación.
El grado escolar más alto es de segundo o tercer grado de primaria y en el caso de las niñas la deserción escolar es mayor que en el caso de los niños, debido a la segunda jornada de trabajo que realizan en sus casas.
En estados fronterizos con Estados Unidos, por empresa hay de 60 a 800 niñas contratadas de 6 a 11 años de edad, con autorización de las compañías, en su mayoría extranjeras, y de las autoridades en materia laboral locales y federales.
Lo que representa «una situación muy indignante porque la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) no exige a las empresas que cumplan con lo establecido en la Ley», aseguró Sara Lara.
«Curiosamente», dijo la investigadora, aún en estas condiciones las niñas, niños y jóvenes jornaleros prefieren trabajar en los estados receptores como Sinaloa, Sonora, Nayarit, Jalisco, Baja California «porque al menos ahí ganan un dinero para comprarse algo de comer o unos tenis» a diferencia de sus estados de origen, como las principales entidades expulsoras, que son Guerrero, Oaxaca y Veracruz.
El 55.4 por ciento de las y los jornaleros migran en familia y el 20.5 por ciento lo hace de manera individual, salen de los distintos poblados al sur del país desde recién nacidos hasta los 15 a 19 y de 20 a 24 años, la edad más recurrente para mujeres y hombres.
La mayoría de las mujeres indígenas migrantes proceden de localidades rurales, como mixtecas, mayas, zapotecas y otomíes.
A la actividad agrícola se dedica el 17.8 de las indígenas migrantes y el 28 por ciento de las que no migran. Cabe señalar que en esta actividad sólo el 0.1 por ciento de las mujeres indígenas son patronas, el 34.8 asalariadas, el 35.3 son cuentapropistas (tienen un pequeño comercio) y el 24.9 por ciento trabajan en el campo sin recibir remuneración económica.
08/GCJ/GG
