El Senado de Estados Unidos sepultó la reforma migratoria integral, dejando con ello en la incertidumbre y la vulnerabilidad a las y los 12 millones de trabajadores indocumentados que habían cifrado sus esperanzas en una nueva ley.
El New York Times (NYT) da por «muerta» la reforma, ya que el tema sería retomado después del proceso electoral presidencial del 2008.
Por segunda vez, el Senado de Estados Unidos en pleno rechazó limitar el debate sobre esta iniciativa con 46 votos a favor y 53 en contra.
Por su parte, organizaciones hispanas reaccionaron molestas e indignadas acusando a los republicanos de ser quienes dieron el golpe mortal a esta reforma.
Entre las voces inconformes destaca Eliseo Medina, vicepresidente del Sindicato Internacional de Empleados de Servicios, quien afirmó a Univisión: «Creo que esta propuesta de Ley fue matada claramente por el Partido Republicano».
Angélica Salas, de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CDHI) enfatizó que «venció el odio. Los senadores quisieron escuchar las voces de los más racistas que son los menos en este país». Sin embargo, mencionó que ahora no se dan por vencidos y presionarán a la Cámara de Representantes para que se muevan.
Saúl Solórzano, director Ejecutivo del Centro de Recursos Centroamericanos, manifestó que las doce millones de personas quedan en la incertidumbre y advirtió que se teme que haya un incremento en redadas y deportaciones «vamos a pedirle al gobierno una moratoria de los arrestos, las y los inmigrantes son gente trabajadora que vinieron a este país a luchar por sus familias».
LA MISMA HISTORIA
Pero mientras el Senado retoma, después de las elecciones presidenciales, el tema de la reforma migratoria, las condiciones de vulnerabilidad, arrestos y deportaciones para las y los 12 millones de inmigrantes indocumentados continuará.
Como describió en días pasados el NYT en un editorial, el boom de detenciones, encarcelamiento y deportación continuará, con sus implicaciones de maltrato y violación a los derechos humanos, aún para personas con residencia legal.
Casos como el de Sandra M. Kenley, residente permanente y documentada pero que tuvo que confrontar al sistema migratorio. Padecía presión sanguínea alta y sangrado de útero y murió en la cárcel rural de Virginia, después de no recibir atención médica y medicamentos.
Ella regresaba a casa después de su viaje a Barbados y fue encarcelada porque habían sido detenida dos veces con anterioridad por confrontar problemas con drogas.
Otro caso es el de Abdoulai Sall, mecánico de automóviles, que no tenía record criminal, pero fue detenido para una entrevista migratoria. Padecía de severa enfermedad de riñones, y protestó porque no se le proporcionó medicamento. Enfermó aún más y murió en otra cárcel de Virginia días después.
Son 62 inmigrantes que han muerto desde el 2004, al estar detenidos en el hermético sistema de centros de detención federal, prisiones privadas y cárceles locales.
Grupos defensores y abogados dicen que el sistema no sólo le niega a las y los detenidos los más básicos derechos, también descuidan las regulaciones que se aplican en las prisiones federales.
Sin embargo, de haberse aprobado la reforma, el panorama se presentaba difícil para las y los indocumentados.
Según el NYT, la reforma implicaba que el sistema de detención se saturara de personas, generando mayores gastos, abusos y muertes. Las celdas se llenarían de gente que no deberían estar ahí: quienes buscan asilo, ancianos, mujeres embarazadas, enfermos atrapados por errores de papeleo, menores de edad cuyos progenitores estuvieran detenidos.
En Estados Unidos se han detenido aproximadamente 230 mil inmigrantes al año, con un costo anual de 1.2 billones de dólares.
Las Naciones Unidas, incluso tienen conocimiento de 20 decesos de inmigrantes en su reporte de derechos humanos, recopilados por abogados y por reportes de medios de comunicación.
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