La mejor garantía para evitar futuros abusos es no tolerar la impunidad de quienes hayan cometido violaciones de los derechos humanos, sostiene Amnistía Internacional en el InformeOaxaca: clamor por la Justicia, presentado hoy aquí.
En el documento, que se dio a conocer a los mediosde comunicación por la secretaria general de Amnistía Internacional, Irene Khan, se hacen 12 recomendaciones al gobierno mexicano, el gobierno de Oaxaca y a la judicatura federal.
El informe Oaxaca clamor por la justicia documenta varios casos de violaciones graves de derechos humanos, en los que las autoridades no han emprendido investigaciones adecuadas ni han llevado a cabo las acciones pertinentes para garantizar que los responsables rindan cuentas, señala AI.
«En él se pone de manifiesto la inercia, la incompetencia y las obstrucciones que han caracterizado la respuesta de las autoridades a las peticiones de justicia de los afectados», apunta el organismo que, asegura, «no toma partido en el conflicto político de Oaxaca y sus motivos de preocupación se centran en el deber de las autoridades de enjuiciar a quienes participan en violaciones de los derechos humanos.»
Reconoce también que algunos manifestantes recurrieron a la violencia y que las autoridades tienen el deber de mantener el orden público y proteger a la población en general, lo que no debe utilizarse –dice AI– para justificar una actuación policial que no se ajuste al derecho internacional y a la legislación nacional.
El informe que contiene testimonios de las víctimas de violaciones graves de los derechos humanos, denunciados durante la crisis que vive Oaxaca desde junio de 2006, señala que la intolerancia a la impunidad «sería una forma de demostrar claramente a la sociedad mexicana y a la comunidad internacional» que el gobierno de Felipe Calderón «está comprometido con la protección, garantía y cumplimiento de los derechos humanos».
Amnistía Internacional recomienda garantizar que la investigación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea independiente, imparcial y exhaustiva, y se base en las normas internacionales de derechos humanos; que sus conclusiones se publiquen y que las pruebas reunidas puedan emplearse en los juicios.
«Si bien esta investigación no reemplaza la responsabilidad de las autoridades de enjuiciar a las personas implicadas en los abusos, en este momento parece ser la posibilidad más esperanzadora para las víctimas y familiares, de acceder a la verdad y la justicia y a un recurso adecuado», sostiene el informe de AI.
El organismo internacional pide garantizar que la recomendación 15/2007 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y, como en el caso anterior, que las pruebas reunidas puedan emplearse en los juicios.
Otra recomendación de AI es garantizar que las autoridades federales lleven a cabo investigaciones sobre las denuncias de violaciones de los derechos humanos en Oaxaca y sobre la ausencia de medidas para prevenirlas, y que se publiquen sus conclusiones. Pide también se investigue a los hombres armados no identificados y los agentes de policía vestidos de civil que operaban «al parecer con apoyo, la autorización o la conveniencia de autoridades».
MUERTES Y TORTURA
Sobre las muertes ocurridas durante el conflicto, 18 documenta el informe Oaxaca clamor por la justicia, de acuerdo con el Manual de la Organización de las Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias y para garantizar que se detenga a los culpables.
AI, quien inició hoy una gira de trabajo estimada de 15 días por México, también recomienda se realicen investigaciones parciales y exhaustivas en los casos de tortura y malos tratos y que las víctimas reciban reparaciones como tratamientos médicos y terapéuticos.
Entre las recomendaciones, destaca se investiguen las denuncias de hostigamiento, amenazas, ataques y cargos penales por motivos políticos a periodistas y defensores o defensoras de derechos humanos y que se garantice, en este último caso, que puedan llevar a cabo sus actividades sin restricciones ni temor a represalias, como lo establece la ONU.
Por último, recomiendan juicios justos para las y los detenidos y que las fuerzas de seguridad pública, la policía, la fiscalía, los defensores públicos, y los jueces, reciban formación en principios internacionales de derechos humanos y derecho internacional de los derechos humanos y que operen de acuerdo a ello.
07/SJ/GG/CV
