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Nueva iniciativa de ley para la infancia

Por María de la Luz González

La diputada Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión Especial de la Niñez, Adolescencia y Familias, propuso ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión crear un Sistema de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

El sistema estaría integrado por una Comisión Nacional para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; una Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y las instituciones y órganos del sistema de responsabilidad penal de adolescentes infractores que se deriven del artículo 18 constitucional.

La legisladora explicó que el objeto de dicho sistema es promover, proteger, procurar y preservar de manera integral los derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes que se encuentren en nuestro territorio y los nacionales que se encuentren en el extranjero.

La Comisión Nacional para la Protección de los Derechos de la Niñez, de acuerdo con la iniciativa, sería un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio, con sede en la ciudad de México pero con facultades para establecer delegaciones y oficinas en otros lugares de la República Mexicana.

Entre sus atribuciones, el nuevo organismo tendría las de coadyuvar en la formulación de la política y planes nacionales de la administración pública federal en favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes, y en la elaboración del presupuesto de egresos que incorpore la perspectiva de infancia.

La Comisión también deberá promover una cultura en favor de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes y de sus garantías individuales y sociales; opinar sobre la suscripción de convenios, tratados y otros instrumentos en materia de derechos de la niñez y la adolescencia; conocer y evaluar los informes sobre la situación de estos grupos y celebrar convenios con organismos del sector público, privado y social.

El titular de esta nueva instancia será, según la iniciativa, un comisionado o comisionada designado por el titular del Ejecutivo Federal para un periodo de seis años, quien presidirá la Junta de Gobierno. La comisión contará además con una Secretaría Ejecutiva, un comisario público y dos órganos de consulta: un Consejo Consultivo y una Contraloría Social.

El Consejo Consultivo será un órgano asesor de la Comisión y deberá integrarse por un número no menor de 15 personalidades que no percibirán retribución o ingreso alguno, seleccionados de entre las y los académicos y promotores de los derechos de la niñez y la adolescencia.

La integración de la Contraloría Social se definirá en el reglamento interno de la Comisión, y tendrá como función primordial contribuir a que la gestión de ésta y el manejo de sus recursos públicos se realicen en términos de transparencia, eficacia, legalidad y honradez, así como exigir la rendición de cuentas.

El Comisario Público deberá vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales, así como de las reglamentarias, administrativas y de política general que se emitan; también, promover y vigilar que la Junta de Gobierno establezca indicadores básicos de gestión, entre otras atribuciones.

La Defensoría de los Derechos Humanos será un organismo descentralizado de servicio público, con personalidad jurídica, patrimonio propio, y autonomía técnica, jurídica y administrativa.

El organismo tendrá su sede en la Ciudad de México, pero podrá establecer delegaciones y oficinas en otros lugares del país y tendrá como atribuciones las de proteger y vigilar la correcta aplicación de los derechos de niñas, niños y adolescentes y procurar y representar sus derechos ante autoridades administrativas y judiciales.

También podrá denunciar ante el Ministerio Público de la Federación los hechos constitutivos de delitos y los actos que constituyan violaciones administrativas o legales a los derechos de niñas, niños o adolescentes y solicitar a la autoridad competente la aplicación de las medidas de protección que contempla la ley.

Dichas medidas son las que impone la autoridad competente cuando se produce la amenaza o violación de los derechos de uno o varios niños, niñas o adolescentes por la acción u omisión por parte del Estado, la sociedad, los particulares, los padres, tutores o cualquier otro representante del menor que tenga su responsabilidad, guardia o custodia.

Entre las medidas de protección se plantean la matrícula obligatoria o permanencia en planteles educativos; cuidado en el propio hogar; orden de tratamiento médico; separación del hogar; colocación familiar o en entidad de atención y adopción.

La diputada De la Peña presentó también una iniciativa de reforma al artículo 15 del Código Penal Federal para crear la figura de “exclusión del delito por estado de necesidad defensivo con peligro continuado”.

05/LG/YT

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