De nuevo hemos de hablar sobre la (empeorada) situación de las mujeres afganas.
No puedo negar que siento una rabia que no se puede contener. Rabia y pena por comprobar el grado de mezquindad que rodea el mundo de la política a todos los niveles.
He estado esta semana leyendo diversos artículos sobre la firma de una Ley, denominada Nueva ley sobre la familia afgana, que presuntamente ha firmado ya el presidente de Afganistán, Hamid Karzai, sobre la modificación del Estatuto Personal de la población chiíta que supone entre un 10 y 20 por ciento de la población total de Afganistán.
Según lo consultado, esta modificación supone un retroceso total en lo que respecta a los derechos humanos de las mujeres chií que, a partir de la publicación en el boletín oficial de ese país de dicha norma, dejarán de tener derechos propios para ser, de nuevo, tuteladas por completo por los hombres de la familia.
Además según el Informe de Naciones Unidas sobre Afganistán, publicado el pasado 16 de enero de 2009, «La violación de mujeres y niños sigue siendo un hecho extendido aunque no se conoce su extensión real porque no hay información sobre el problema. La mayoría de los violadores quedan impunes…»
Las víctimas femeninas de la violencia siguen teniendo muy limitado acceso a la justicia y a mecanismos eficaces de reparación. Las mujeres sólo tienen acceso a los sistemas judiciales consuetudinarios si van acompañadas de un pariente masculino…
LA COMUNIDAD INTERNACIONAL CIERRA LOS OJOS ANTE LA BARBARIE
«Las amenazas y la intimidación contra las mujeres en la vida pública o que trabajen fuera del hogar han experimentado un incremento espectacular…»
Y al parecer, nada de esto tuvo la más mínima importancia el pasado día 31 de marzo, en la conferencia de alto nivel sobre el futuro de Afganistán, que se celebró en La Haya y a la que acudieron casi un centenar de países, entre ellos Estados Unidos y España.
En esta conferencia se comprometieron millones de dólares para la reconstrucción en paz y libertad de Afganistán y nadie de los presentes tuvo a bien interesarse por esta modificación legislativa que estaba en marcha y que niega a las mujeres de etnia chií derechos humanos tan básicos y elementales como lo de salir sola de su casa para ir a hacer cualquier gestión que la ataña, como por ejemplo ir al médico o a buscar empleo.
Al parecer a ninguno de los representantes políticos que se sentaron en La Haya, les preocupó lo más mínimo que a más de la mitad de la población chií, que son las mujeres, se les hayan usurpado derechos democráticos derivados de su condición de ciudadanas. ¿O es que acaso no las consideran ciudadanas?
El respeto a los derechos humanos debe regir las prioridades de todos los gobiernos. Pero esos derechos humanos han de ser para el conjunto de la población que conforman los países y las naciones y no sólo para los hombres.
El hecho de que el nuevo texto legislativo firmado por Karzai permita la violación dentro del propio matrimonio, así como concertar matrimonios infantiles deja a las mujeres completamente indefensas y en manos de sus agresores. Eso sí, de forma legal.
Y esto ocurre mientras la mayor parte de la comunidad internacional, llamada progresista y moderna cierra los ojos a estas barbaridades y no presiona de una forma contundente a Karzai, para que legisle con criterios de igualdad y equidad para todas las mujeres afganas.
Como no podía ser de otro modo, cuando se han alzado algunas voces, incluso de la propia ONU, denunciando esta atrocidad, han aparecido los más firmes defensores de este nuevo código familiar.
Es el caso de Mohammad Asif Mohseni, uno de los más altos responsables religiosos de la minoría chiita de Afganistán quien en una intervención pública ayer mismo, día 11 de abril, en la universidad de Kabul expresó que «Esta presión política es una invasión cultural, que parte del principio de que una cultura es mejor que las otras. Y se quedó tan a gusto este señor.
Y yo me pregunto, mejor dicho, le pregunto a este hombre: Si cree que esta presión política es una invasión cultural por parte de quienes teóricamente nos creemos culturalmente mejores, ¿Cómo se puede definir el hecho de que ellos, lo hombres chiís, y amparados por su particular forma de interpretar el Islam, dejen a sus mujeres sin derechos humanos básicos?, ¿Acaso no es otra forma de imposición cultural, en este caso además agravado con un fuerte componente misógino?
Pero sin pretender para nada defender posicionamientos etnocentristas, creo que es indignante y humillante para las mujeres que nos sentimos comprometidas con la igualdad de oportunidades y con políticas diseñadas con equidad para con toda la población que de nuevo, se hayan antepuesto, en el caso de Karzai, intereses personales y partidistas para poder ganar las elecciones presidenciales que se le avecinan y que no haya tenido ningún reparo en firmar esta ley que condena a la no existencia por sí mismas de las mujeres, a cambio el voto de la comunidad chií.
Me resulta como mujer demócrata que me reconozco, vergonzante, humillante para con la democracia y sobre todo para con estas mujeres que van a regresar a condiciones de vida de siglos pasados, verbigracia a los intereses de un señor que pretende seguir en su cargo de presidente.
Pero además, de cara a la comunidad internacional, a todas las personas que se sentaron en La Haya para diseñar el futuro de Afganistán, no puedo (ni quiero) perdonarles que conociendo previamente las condiciones de las mujeres, niñas y niños de ese país (recordemos que el Informe de Naciones Unidas sobre Afganistán (tiene fecha de 16 de enero de 2009) hayan antepuesto sus deseos de hacer negocios a los derechos humanos de mujeres y niñas.
Y ya, lo que más me duele de todo es que el gobierno de Rodríguez Zapatero, que se ha autoerigido en el estandarte de puesta en marcha de políticas de igualdad a distintos niveles tanto en la forma como, según insisten, en el fondo, no haya tenido en cuenta las necesidades más básicas de mujeres y niñas a la hora de comprometer esa ayuda para el futuro de Afganistán.
Y digo las necesidades más básicas, ni siquiera hablo de la igualdad de oportunidades, pero ni eso, ni el obligado cumplimiento de los más elementales derechos humanos hacia la niñas y las mujeres ha pesado a la hora de comprometer los millones de euros y, de hacerse las fotos que fueran necesarias al lado de los principales líderes del mundo en las diferentes reuniones internacionales que se han mantenido en las últimas semanas.
Y ante este desolador panorama, ¿En qué o quienes, respecto del mundo de la política, podemos creer las mujeres?, ¿Qué criterios democráticos y de respeto a los derechos humanos de todas las personas, tienen que cumplirse para poder destinar ayuda a otros países? ¿Por qué hemos de ser siempre las mujeres y nuestros derechos de ciudadanía e, incluso derechos humanos, la moneda de cambio en las negociaciones que en las que intervienen operaciones económicas o de desarrollo?
De verdad que no entiendo nada, pero una profunda sensación de desasosiego me ha recorrido la mente y el alma a lo largo de toda la semana puesto que mi entendimiento es incapaz de comprender este tipo de cosas. Y sólo me queda darle la razón a mi amigo Germán cuando dice que vivimos en una sociedad enferma.
Creo que sólo desde la denuncia social y la presión internacional se podrían cambiar el futuro que les espera a estas mujeres y niñas. Pero he visto muy pocas reacciones. Además, y de nuevo, creo que van a primar los intereses económicos por encima de la defensa de los derechos humanos de las más vulnerables: las mujeres y las niñas.
La historia de represión y opresión a los legítimos derechos de mujeres y niñas se repite ¿seremos capaces de impedirlo?
Desde aquí hago una llamada a las personas de buena voluntad a que denuncien socialmente y ante la comunidad política la incoherencia que supone fomentar con dinero internacional destinado al desarrollo, la supresión de derechos humanos, así como el empeoramiento de las condiciones de vida de estas mujeres y niñas.
Yo así lo voy a hacer.
* Periodista y feminista en Ontiyent, Valencia, España
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09/TM/LAG
