En estos momentos la iglesia católica mexicana no está en condiciones de hablar de la homosexualidad: moralmente está impedida debido a las decenas de denuncias que se han presentado contra los sacerdotes que abusaron sexualmente de niños y jóvenes en Estados Unidos.
Sin embargo, y ante su urgencia por enfrentar los consensos construidos en torno a la iniciativa de ley para la sociedad de convivencia –que permitirá reconocer la unión entre personas del mismo sexo en la Ciudad de México–, resulta que el clero está movilizando a varios grupos de presión para que se opongan y chantajeen a los partidos solidarios con esta causa.
La Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) convocó a una nutrida rueda de prensa. El líder formal de la agrupación, Guillermo Bustamante Manilla, dijo haberse reunido con los diversos grupos parlamentarios representados en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para solicitarles un voto en contra.
No obstante, al hacer un balance de esas reuniones, los padres de familia han observado que priva la intención mayoritaria de los legisladores para aprobar la mencionada ley, por lo que amenazan con boicotearlos mediante campañas de desacreditación; utilizando argumentos como que la homosexualidad «es aberrante y antinatural».
A esta movilización, dijo Bustamente Manilla, se sumarán los grupos Pro Vida, la Unión Nacional Cívica Femenina y la Coparmex.
Por la intención y magnitud de las acciones que estos grupos de presión se aprestan a efectuar (recuérdese todo el dinero que gastaron para boicotear el programa Big Brother), debe quedar clara la violación al artículo primero constitucional; que prohíbe expresamente cualquier forma de discriminación.
Por todo ello es de esperarse que alguna organización de homosexuales (lésbica o gay) presentará una denuncia de hechos ante el ministerio público, solicitándole que investigue cuáles son los fundamentos civiles de la UNPF.
Es importante saber si en sus estatutos se consigna la cacería homofóbica que acostumbran; por lo mismo debe citársele a declarar bajo el entendido de que sus acciones incitan al odio en contra de quienes optan por ejercer una preferencia sexual alternativa a las relaciones heterosexuales.
Ya es hora de llevar a tribunales esta demencia institucionalizada. La UNPF, con todo y la bendición del clero mexicano, ha hecho pública una incitación al odio; prohibido por la Constitución y castigado por el Código Penal del Distrito Federal.
*colaborador de la agencia Notiese
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