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Nueva recomendación de la CNDH contra el ejército mexicano

Por Miriam Ruiz

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se lanzó contra el ejército mexicano y el gobierno del sureño estado de Guerrero por “dar carpetazo” y generar irregularidades en las pesquisas de la violación de la indígena tlapaneca Inés Fernández a manos de tres elementos del 41 batallón de infantería.

En comunicado de prensa, la CNDH informó sobre la recomendación número 48/2003, dirigida al gobernador del estado de Guerrero, René Juárez Cisneros, y al secretario de la Defensa Nacional, Gerardo Clemente Ricardo Vega García, quien oficialmente rechazó ya esta recomendación ante el ombudsman nacional.

El ombudsman nacional encontró irregularidades y destrucción de indicios, “como son el extravío de las pruebas de espermatobioscopía, entre otras y que habrían servido para realizar exámenes de ADN. Asimismo, la CNDH encontró que los citatorios de la autoridad eran enviados a un domicilio diferente al de la agraviada”.

Según la CNDH, “las autoridades civiles encargadas de investigar el caso arguyen que la mujer agraviada no tiene interés jurídico para continuar con las investigaciones, por lo mismo, detuvieron toda acción y a la fecha, 20 meses después, la averiguación previa continúa en ‘estado de integración’, no obstante que el delito de violación se persigue de oficio.”

El 22 de marzo del 2001, un grupo de militares armados con rifles atacaron y violaron a la indígena Inés Fernández Ortega, de 28 años de edad, en Barranca Tecuani, caserío de la marginada zona de La Montaña guerrerense, informaron entonces Cimacnoticias y el diario El Sur en Acapulco.

Inés Hernández Ortega, que tenía 28 años de edad, declaró ante la Comisión de la Defensa de los Derechos Humanos en Guerrero (Codehum), que esa tarde tres soldados entraron a su cocina para acusarla del robo de la carne que la familia consumiría. Sus cuatro hijas e hijos huyeron a la casa de los abuelos paternos.

La comunidad continuó con el proceso de denuncia hasta que las visitas de elementos del ejército para convencerles de retirar el caso lograron amedrentarlos, pese al apoyo de organizaciones de derechos humanos locales y de Amnistía Internacional (AI), que recogió el caso en su informe 2003 sobre impunidad en México.

Aunque la Sedena rechaza la recomendación de la CNDH, AI el pasado marzo externó su preocupación por la seguridad de Inés, su esposo, y otros habitantes de la localidad de Barranca Tecoani, en el municipio de Ayutla, mediante una carta entregada al embajador de México en Washington, Juan José Bremer.

“Cuatro soldados armados fueron a la casa de Fortunato Prisciliano e Inés Fernández y, al parecer, durante más de media hora pidieron reiteradamente que Fortunato Prisciliano retirara la denuncia de violación. Él se negó a hacerlo.” Y el acoso continúo, informaron Amnistía Internacional y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

LA RECOMENDACIÓN

En la nueva recomendación, la CNDH pidió al secretario Gerardo Clemente Vega García girar instrucciones para fincar responsabilidades e integrar conforme a derecho la averiguación previa 35ZN/06/2002 de la justicia militar, así como la intervención de su contraloría para investigar las negativas de documentos a la CNDH.

Mientras que la recomendación 48/2003 llama al gobernador René Juárez Cisneros a iniciar el deslinde de responsabilidades ante las deficiencias y omisiones de los peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, encargados del tratamiento y análisis de las muestras tomadas a la agraviada.

Al día de hoy, ningún caso de indígenas violadas por soldados ha alcanzado la justicia en México. De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez existen 52 denuncias similares en los estados más pobres y militarizados del país.

En Guerrero, Tlachinollan había llevado dos casos similares en 1999 también en la región de La Montaña, y otros dos más en la región de la Costa Chica, también en 1999. Las cuatro víctimas, pobres y habitantes de comunidades alejadas, renunciaron a seguir los casos.

Mientras que organizaciones internacionales esperan el cumplimiento de la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que la justicia civil investigue la violación por soldados a tres hermanas tzeltales en 1994 en una zona de zapatista, quienes abandonaron su comunidad para perderse en el anonimato.

Tan solo entre enero y noviembre del 2003, la CNDH recibió 168 quejas contra la Sedena de un total de tres mil 809 denuncias.

03/MR/GMT

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