Ante los avances del conservadurismo, Silvia Panebianco, de Mexsida, llamó a los movimientos sociales que se sienten amenazados a replantear sus estrategias para mantener lo ganado en materia de derechos sexuales y reproductivos.
Durante su intervención en la mesa del grupo de trabajo sobre derechos sexuales y reproductivos, la también integrante del comité de ética del Instituto Nacional de Cancerología, comentó que las personas que viven con vih/sida son los más estigmatizados sin embargo han hecho suya la bandera de los derechos humanos.
Advirtió que las organizaciones que trabajan con las y los portadores del vih/sida han puesto un freno a la discriminación contra ellos y construido un marco en el aparato público para limitar la segregación de quienes han contraído el virus.
La activista recordó que la lucha empezó cuando se les empezaron a negar sus derechos a estas personas, por lo que urgió a documentar los casos de exclusión como estrategia para detener el avance de la derecha.
Panebianco planteó asimismo la necesidad de construir nuevas alianzas con el personal de salud, los trabajadores de la educación y los organismos defensores de los derechos humanos, pese a que estos últimos han tenido su origen en el cristianismo.
Al respecto aclaró que las organizaciones sociales pueden coincidir en las grandes causas sin necesidad de entrar al terreno de los temas polémicos, como el aborto, la transexualidad o la eutanasia.
La representante de Mexsida responsabilizó luego al Estado por no garantizarle a la población el acceso a la salud como un derecho más, por lo que conminó a las organizaciones sociales a mantener o sostener una posición de vigilancia.
En este sentido dijo que los derechos de las mujeres siguen siendo violentados en el sistema de salud, lo que es más claro cuando las mujeres acuden, por ejemplo, a practicarse la prueba de papanicolau o de detección de cáncer mamario.
«Las mujeres continúan muriendo por cáncer cérvico-uterino o mamario aun en etapas curables, todo por no tener acceso a los tratamientos como la quimioterapia, mucho menos a las clínicas de displasia», que consideró son insuficientes en el país.
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