Impunidad: es la palabra predominante cuando los organismos no gubernamentales de derechos humanos, las agrupaciones de familiares de las víctimas y los legisladores federales se refieren a los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez; que desde 1993 han dejado más de 280 víctimas y 500 desaparecidas.
Impunidad: actitud que, acusan, se refleja en la incompetencia de los funcionarios para llevar a buen término las investigaciones, la lentitud de los procesos judiciales y la negativa del gobierno federal para hacerse cargo de los feminicidios que ya incluso se consideran desastre nacional.
Impunidad: arbitrariedad que comienza en las autoridades judiciales del municipio de Ciudad Juárez, estado de Chihuahua, y alcanza a la Procuraduría General de la República (PGR).
Mientras la sociedad civil subraya su inconformidad por la situación, reitera su demanda de justicia para las víctimas y prepara movilizaciones nacionales para que se esclarezcan y detengan los crímenes en la ciudad fronteriza, la Cámara de diputados –mediante la comisión especial para el caso Juárez– intenta presionar a las autoridades para que cumplan a cabalidad con su deber.
Tal es la razón por la que creó un fideicomiso para apoyar económicamente a las y los familiares de las víctimas.
Sin embargo, la población sigue en espera de justicia mientras los crímenes continúan y persiste el burocratismo para que el Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) asesore en las pesquisas a la Procuraduría de Justicia (PJ) del estado de Chihuahua.
Hasta el momento se espera que en los próximos días el gobierno de Washington responda a la solicitud de la PGR para que el FBI colabore con la PJ estatal. En tanto, la primera se deslinda de las acusaciones de organismos humanitarios y de mujeres, lo mismo que de los cuestionamientos de la prensa sobre la falta de resultados concretos para resolver los asesinatos.
El subprocurador de Procedimientos Penales B de la PGR, Carlos Vega Memije sostuvo la semana pasada que no se puede acusar a las autoridades judiciales de falta de resultados, ya que «hay entre 68 y 78 personas sentenciadas por los crímenes en Ciudad Juárez y más de 100 están consignadas y sujetas a proceso judicial».
El funcionario enfatiza también que los homicidios no tienen vinculación con el narcotráfico, ni tampoco responsabilidad los funcionarios federales en los delitos, en virtud de que la PGR carece de facultades para atraer el caso al fuero federal.
No obstante el profesor de siquiatría en la UNAM y perito de la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, Luis Antonio Gamiochipi Carvajal, sostuvo en una conferencia en la Cámara de diputados a la que asistió el mismo subprocurador, que el narcotráfico es una de las posibles causas de los homicidios de mujeres.
Por otra parte, los grupos humanitarios confían en que la tan prometida instalación de una mesa interinstitucional entre autoridades locales, estatales y federales (el próximo 23 de septiembre) contribuya al esclarecimiento de los crímenes.
Pero la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) insiste en que esa mesa no resolverá el problema y acusa que en la interlocución no se consideran especialistas en criminología y peritaje.
A su vez, la CMDPDH le exige al gobierno federal revise todos los expedientes de las víctimas a fin de identificar a los servidores públicos responsables de omisiones durante su integración.
El organismo defensor de derechos humanos también demanda que se definan claramente las líneas de investigación, ya que actualmente se han acumulado 16 hipótesis y ninguna línea clara de indagación.
A las anteriores demandas se suma la de la campaña ¡Alto a la impunidad: ni una muerta más!, que pidió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitiera un informe sobre la situación de la recomendación 044/98, donde el organismo oficial señala a servidores públicos que incurrieron en omisiones durante la integración de las averiguaciones previas sobre los homicidios. Hasta ahora no hay respuesta de la CNDH.
A la montaña de críticas contra el gobierno federal por su falta de voluntad para resolver los crímenes contra mujeres, se suma la de la Red de Jóvenes por los Derechos Sexuales y Reproductivos (RJDSR) que criticó a la titular del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) , Patricia Espinosa, por omitir de su informe –el pasado 6 de agosto ante el comité de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación hacia la Mujer (CEDAW) – el caso de las mujeres muertas de la ciudad fronteriza del norte.
Para la RJDSR, la actitud de Espinosa dejó en claro que después de nueve años de asesinatos y violencia sistemática contra las mujeres de Ciudad Juárez el gobierno federal no es capaz de dar una respuesta y mucho menos informar sobre las acciones que se llevan a cabo para frenar y esclarecer los homicidios.
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