Con un plantón frente al palacio de gobierno local, las integrantes del Pacto Plural de Mujeres de Nuevo León manifestaron su rechazo por el cierre del Centro de Atención a Víctimas de Delito (Cavide), mismo que atendió durante ocho años a las mujeres maltratadas.
Como informó Cimacnoticias, el gobierno estatal determinó cancelar los programas de atención de Cavide para trasladarlos a la Procuraduría de Justicia estataly del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Nuevo León.
«La desaparición de Cavide es una muestra más de la falta de sensibilidad del gobierno de Fernando Canales hacia la problemática de las nuevoleonesas que requieren atención integral cuando son agredidas dentro de su propio hogar», externó Irma Alma Ochoa, integrante de la agrupación, al demandar al ejecutivo estatal reconsidere su postura.
Con siluetas de papel, con los nombres y las circunstancias en que fueron asesinadas, las activistas representaron a las 46 mujeres que en Nuevo León han muerto desde el año 2000 a la fecha, víctimas de la violencia de sus parejas o familiares.
«¿Cuántas mujeres más tendrán que morir para que el gobierno asuma que éste es un problema social que requiere atención pública? ¿Hasta cuándo será importante la vida de las mujeres para las autoridades?», fueron los cuestionamientos de las integrantes del Pacto Plural.
En sus consignas recordaron que en el país, cada 15 segundos una mujer recibe alguna agresión y que Nuevo León ocupa el segundo lugar nacional de violencia hacia la población femenina.
De acuerdo al Estudio sobre Violencia Familiar y Salud Reproductiva, del Consejo Estatal de Población (Coespo) y la Secretaría de Salud, seis de cada diez mujeres sufren algún tipo de maltrato en Nuevo León.
En siete de cada diez casos de violencia, las víctimas son menores, indica el estudio y 19 por ciento de las agresiones inician desde el noviazgo.
«Nos oponemos a que la violencia sea tratada como un delito más en manos de la Procuraduría, ya que de antemano se sabe que las mujeres no denuncian. Lo que requieren es apoyo, asesoría y atención previa a los procesos judiciales», puntualizó Maricruz Flores, a nombre de la agrupación feminista.
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