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Nuevo reglamento dificulta castigo de feminicidio en Nicaragua

Por Nelson Rodríguez, corresponsal
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Dos años después de aprobada la Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres (Ley 779), el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, publicó el reglamento de la norma que cambia la definición del delito de “femicidio” (feminicidio) e incorpora modificaciones que “le dan otro giro”, dijo el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).
 
Wendy Flores, abogada del Cenidh, explicó que esperan que los jueces tengan independencia y que no acaten el reglamento, resultado de un decreto presidencial, ya que “es inferior” a la Ley 779 aprobada en el Parlamento en la que se deja en claro la definición de “femicidio” y la aplicación de medidas preventivas.
 
El decreto publicado el pasado 31 de julio establece que se comete “femicidio” sólo cuando el asesinato ocurre en relaciones de pareja, lo cual es inconstitucional, ya que la Ley 779 define el delito de una manera más amplia y detallada en diferentes circunstancias, tanto del ámbito público como privado, abundó Flores.
 
La abogada insistió en que con el decreto una vez más el gobierno nicaragüense pretende minimizar la violencia contra las mujeres, por lo tanto consideró que los operadores de justicia deberían respetar el fondo de la Ley 779 y aplicarla sin tomar en cuenta el reglamento.
 
Para Reina Rodríguez, enlace nacional de la Red de Mujeres Contra la Violencia (RMCV), esto es parte de la campaña del gobierno para ocultar la realidad de la violencia de género, cuyos pasos los dio la Policía Nacional cuando el segundo jefe, Francisco Díaz, dijo que sólo había 18 casos de “femicidio” y que los demás eran homicidios.
 
En contraste, las organizaciones civiles afirmaron que eran 48 asesinatos de mujeres. Tras la polémica, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, informó que se analizaba una nueva interpretación del delito de “femicidio”, ya que se consideraba que sólo se cometía en el ámbito privado.
 
La dirigente de la RMCV denunció que con la reglamentación, el gobierno también promueve la mediación (conciliación) en los casos de violencia, con el discurso de “mantener unida a la familia”, y en la que participan grupos del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional como los Gabinetes de Familias, como mediadores en casos de violencia entre las parejas.
 
Gonzalo Carrión, director jurídico del Cenidh, dijo que el decreto es antijurídico e inconstitucional, porque ningún decreto gubernamental puede estar por encima de la ley.
 
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