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Oaxaca: liberan a mujer que mató en defensa propia

Cristina Santiago Fernández fue puesta en libertad hoy martes, cuando venció la ampliación del término constitucional solicitado por la defensa, luego de que el juez IV de lo Penal, acreditó que actuó en legítima defensa cuando asesinó a su esposo Julio Jorge Valencia López el pasado martes 11 de marzo.

Tanto la fiscal especial para Atender Delitos contra la Mujer de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), Ileana Araceli Hernández Gómez, como uno de los abogados de Cristina, Francisco López, habían adelantado que existían elementos suficientes para presumir la libertad dictada hoy por el juez Salvador Luis Cordero Colmenares, quien le dio auto de libertad por excluyente de responsabilidad, ya que actuó en legítima defensa.

Los Colectivos Huaxyacac y Mujer Nueva, en la voz de Yéssica Sánchez Maya, habían sostenido en conferencia de prensa que la justicia local tenía un reto fundamental frente a la situación legal de Cristina, luego de que no se le atendieron en el Juzgado Tercero Familiar sus demandas de separación presentadas en 2007, así como las denuncias por violencia familiar en 2006 y 2007.

En el caso de Cristina Santiago, señaló Sánchez Maya, representante de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, filial Oaxaca, tenemos que recriminarle a las autoridades y en específico al Ministerio Público haber ejercitado acción penal “cuando ni siquiera debió ser privada de su libertad, ya que en los hechos se identificaba una exclusión del delito de homicidio”, por lo que las instituciones violaron sus derechos humanos.

“La legítima defensa obedece cuando hay un riesgo actual, inminente de la pérdida de un bien jurídico protegido equivalente al otro, ella en ese momento estaba sintiendo que iba a perder la vida, entonces, la reacción de defender su propia vida la lleva a actuar sin premeditación y sin dolo”, explicó la abogada.

Cristina Santiago Fernández, de 33 años, asesinó a su esposo en su domicilio con arma blanca como respuesta a la agresión física y sexual a la que era sometida una vez más la madrugada del 11 de marzo, según testimonios de sus tres hijos e hijas menores de edad, familiares y vecinas y vecinos de la colonia popular Lomas de Santa Cruz del municipio de San Sebastián Tutla, ubicado a unos kilómetros del centro de esta capital.

De acuerdo con el abogado Francisco López había pruebas documentales públicas que indican que Cristina había solicitado su separación en el Juzgado Tercero de lo Familiar, a cargo de la juez Adriana Cecilia Zárate Ramírez, quien en noviembre de 2007 pidió a Julio Jorge Valencia que dejara el hogar.

Sin embargo, la separación del cónyuge no se materializó “porque la juez hace su trabajo desde el escritorio y no se percató de que se cumpliera la separación, es decir, no se materializó la diligencia”.

Además, Cristina había solicitado la intervención de la PGJE, a través de la Fiscalía Especial para Atender Delitos contra la Mujer por violencia intrafamiliar en 2006 y 2007, averiguaciones previas que tampoco fueron consignadas durante el tiempo en que esta dependencia estuvo a cargo de Aída Gómez Piñón, quien renunció recientemente.

En conferencia de prensa, previa a una protesta que los colectivos realizaron la noche de ayer lunes en el zócalo de esta ciudad recriminaron al Estado su inacción frente a la violencia extrema que ahora podría costarle la libertad a Cristina Santiago Fernández.

Este es un caso paradigmático de la grave situación en que se encuentran las instituciones encargadas de procurar y administrar la justicia en Oaxaca, como es la Fiscalía y la Procuraduría, así como del Instituto de la Mujer Oaxaqueña que no ha hecho su trabajo de capacitar y sensibilizar a las y los funcionarios sobre el tema, dijeron.

En tanto, afirmaron, la Comisión de Equidad y Género “ha servido para todo menos para impulsar leyes o para llamar a cuentas a los funcionarios encargados de pugnar porque las mujeres tengan acceso a una vida libre de violencia”.

Ana María Hernández Cárdenas sostuvo que seguramente Cristina no quería asesinar a su esposo, sin embargo, es una expresión de la violencia extrema que ella sufría y que llegó a su límite, intentando escapar de una golpiza más.

En estos momentos, añadió, nos preocupan las declaraciones cargadas de misoginia de algunas autoridades gubernamentales que incluso ofrecen apoyo a “a los huérfanos de esta tragedia” a través del DIF-Oaxaca, además de asegurar que “nada justifica matar a otra persona”, pero omiten que son las instituciones –al no actuar– las que violentan a las mujeres.

Por separado, las vecinas de Cristina señalaron que ella era víctima permanente de los excesos de violencia de Julio Jorge, a quien conocieron por diversos conflictos incluso con otros vecinos y por su adicción al alcohol y las drogas.

Ojalá que las autoridades vean bien las circunstancias, “que no hubo alevosía sino que pretendía huir, defenderse, defender a su familia, porque seguramente estaba harta de la situación que estaba viviendo”, señaló la señora Paty, quien junto con una veintena de mujeres realizaron una protesta frente al juzgado penal.

Exigió que las autoridades pongan atención, que acudan a las colonias, que brinden apoyo legal, psicológico y económico para que las mujeres puedan acceder a la justicia y terminar con la violencia de género que se practica en los hogares, “no queremos instituciones si no sirven para nada”.

De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas, Geografía e Informática en Oaxaca, de las 723 mil mujeres unidas o casadas de 15 años y más, 332 mil han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su relación por parte de su pareja, es decir, poco más de la tercera parte.

08/SJ/GG/CV

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