La Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca debería apegarse a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida sin violencia y solicitar que la Secretaría de Gobernación federal emita una alerta de género para la zona triqui de Oaxaca.
Así lo señaló la titular del Instituto de la Mujer Oaxaqueña (IMO), Norma Reyes Terán, consultada sobre la situación que prevalece en la región triqui, donde las mujeres son objeto de violencia como resultado de los enfrentamientos políticos que prevalecen en la región, cuya más reciente víctima es la niña Sofía Bautista Martínez, quien se encuentra grave tras recibir un balazo en la cabeza el domingo 21 de octubre.
En entrevista, explicó que si la situación de violencia generada por los grupos políticos antagónicos impide la aplicación de la justicia y las investigaciones para dar con los responsables de homicidios, lesiones, violación sexual y secuestro de mujeres, entonces debería apegarse a esa Ley y solicitar la Alerta de Género, reiteró.
Lo anterior, luego de que el procurador de Oaxaca, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, aseguró a Cimacnoticias que «habría hasta muertos» si se ejecutan órdenes de aprehensión contra los responsables de violación a una niña de 14 años o se investiga sobre el paradero de otras dos jóvenes desaparecidas en julio pasado, «porque en la zona hay armas».
El fiscal oaxaqueño informó que se realizan una serie de pláticas que encabeza la Secretaría General de Gobierno con los dirigentes del Movimiento de Unificación de Lucha Triqui (MULT), MULT-Independiente y Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (UBISORT) en busca de una solución al problema.
Martínez Ramírez agregó que ha propuesto que en la zona se establezcan elementos del Ejército Mexicano, policías federal y estatal, «pero esto genera mucho resquicio, se habla de que se militarizaría la zona, nosotros decimos que no será así, que ya lo hemos hecho antes en Ayozintepec y Loxicha».
No es un asunto sencillo, reiteró el funcionario, quien apuntó que la situación de violencia política es tan grave que «algunos de los líderes tienen que dirigir a estas organizaciones desde la capital oaxaqueña porque ni siquiera ellos pueden ir a la zona triqui».
«Te imaginas si fuéramos a ejecutar las órdenes de aprehensión, va a ver muertos, ahí hay armas sin duda alguna, tenemos que tener mucho cuidado, no es nada más vamos a hacerlo, si así fuera ya lo habríamos hecho desde hace tiempo, ¿pero a costa de qué lo haríamos? No es nada más establecer el principio de autoridad, hay que tomar en cuenta las circunstancias, el ambiente que rodea todo esto», sostuvo el fiscal.
Ante esa situación, la titular del IMO refirió que si lo que busca el Procurador Martínez Ramírez «es que no haya muerto a costa de los derechos de las mujeres, entonces no tiene otra opción que solicitar la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género, para que de manera conjunta el gobierno Federal y estatal le entren, la solución está en sus manos».
Explicó que de acuerdo a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida sin violencia, la declaratoria se emite cuando se perturbe la paz social de un territorio determinado y la sociedad así lo reclame, debido a delitos del fuero común contra la vida, libertad y seguridad de las mujeres.
Lo cual, agregó Reyes Terán, se ajusta a la declaración del Procurador, es decir, estamos en ese supuesto, porque además se están violando los derechos humanos de las mujeres triquis.
De esta forma corresponderá a la Secretaría de Gobernación declarar la alerta y notificar la declaración de alerta le corresponderá al Poder Ejecutivo local, porque si a nivel local no hay solución «entonces tendrá que resolverlo el Gobierno federal».
DIFÍCIL SITUACIÓN PARA LAS MUJERES
Los conflictos políticos de la zona Triqui, ubicada al occidente de Oaxaca, se generan por la disputa del poder entre los grupos antagónicos del MULT, MULTI y UBISORT, quienes se responsabilizan unos a otros de asesinatos, secuestros, emboscadas, donde las mujeres son objeto de violencia sexual, secuestros y despojo de sus pertenencias, además de provocar la migración forzada hacia la capital oaxaqueña u otras entidades del país.
Un recuento hecho por MULT señala que, entre septiembre de 2004 y julio de 2007, fueron asesinadas dos mujeres, otras han sido violadas y obligadas a emigrar de sus comunidades; las niñas también son objeto de violencia sexual, como sucedió a una menor de 14 años de edad violada por presuntos integrantes del MULTI, en tanto que Daniela y Virginia Ramírez Ortiz permanecen desaparecidas desde el 5 de julio pasado.
A esta lista se sumó una agresión con arma de fuego contra la niña Sofía Bautista Martínez, hospitalizada en la ciudad de Oaxaca tras recibir un balazo en la cabeza luego de que vecinos de Guadalupe Tilapa dispararan contra la población de San Juan Cuyuchi, Copala.
07/SJ/GG
