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Obtiene su libertad una de las 17 salvadoreñas presas por aborto

Por Anaiz Zamora Márquez
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La Asamblea Legislativa de El Salvador concedió el indulto y por tanto la libertad a Guadalupe, joven salvadoreña que en 2007 fue condenada a 30 años de prisión por homicidio agravado, cuando en realidad sufrió un aborto espontáneo.
 
En sesión ayer, las y los integrantes de la Asamblea discutieron una de las 17 solicitudes de indulto que en abril de 2014 presentó la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador, para lograr la liberación de salvadoreñas que en un primer momento fueron acusadas del delito de aborto, pero que ahora purgan condenas de entre 20 y 40 años de prisión tras ser declaradas culpables de “homicidio agravado”. 
 
Luego de varias horas de discusión, fue aprobada la solicitud de indulto para Guadalupe, por lo que la mujer de ahora 25 años de edad saldrá de prisión.
 
Las 17 solicitudes de indulto se basan en la Ley Especial de Ocursos de Gracia, que permite a la Asamblea Legislativa conceder el indulto a personas en prisión y que ya agotaron todas las instancias legales en busca de su libertad.
 
De acuerdo con el proceso definido en la ley, la Corte de Suprema de Justicia (CSJ) debe fijar su postura ante la solicitud –luego de conocer diversos recursos como análisis de conducta de las personas en prisión–, y devolver la petición a la Asamblea Legislativa para que ésta la discuta en el pleno. 
 
El pasado 23 de diciembre, la CSJ emitió un informe y dictamen favorable a la concesión de indulto por la pena de 30 años de prisión contra Guadalupe.
 
En la resolución del órgano judicial se lee: “Queda demostrado que en el presente caso existen, no sólo razones poderosas de justicia y equidad, sino también de índole jurídicas relacionadas con derechos y garantías fundamentales de la imputada, como es la garantía que se presuma su inocencia mientras no se haya probado su culpabilidad conforme a la ley, y que en caso de duda razonable, se considere lo más favorable a su persona, recomendándose por tal motivo la concesión del indulto de la pena de 30 años de prisión que se le impuso por la muerte de su hijo recién nacido”.

El lunes 12 de enero la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa aprobó por unanimidad el dictamen favorable al indulto. El día 16, la solicitud de indulto a Guadalupe se sometió por vez primera ante el pleno, pero sólo se alcanzaron 42 de los 43 votos requeridos para ser aprobada, por lo que ayer se volvió a debatir.
 
Vía telefónica desde El Salvador, una de las integrantes de la Agrupación Ciudadana precisó a Cimacnoticias que las 17 solicitudes deben ser discutidas una por una cuando la CSJ fije su postura para cada expediente, pero lo logrado en la primera petición representa un avance para las salvadoreñas. No obstante, aclaró, estarán al tanto de las solicitudes pendientes.
 
LA HISTORIA
 
De acuerdo con la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto en El Salvador, el embarazo de Guadalupe fue producto de una violación sexual. “La falta de información y el trauma asociado con la violación no le permitieron (a la joven) reconocer los signos del embarazo”, informó la organización civil.
 
En 2007 Guadalupe, quien desconocía su condición, tuvo un parto de madrugada en el pequeño cuarto de la casa donde trabajaba como empleada del hogar. Ante el temor de perder su empleo, no pidió ayuda ni tuvo ninguna atención médica, y según con lo que ella manifestó, el producto nació sin vida.
 
Pese a que presentaba una hemorragia, Guadalupe –originaria de la comunidad rural de Cuscatlán– continuó en sus tareas domésticas y al mediodía su empleadora la llevó al Hospital de San Bartolo, ubicado en San Salvador –capital del país centroamericano–, donde la atendieron hasta pasadas las 8 de la noche. El propio personal sanitario la denunció ante la policía por aborto y fue detenida.

La Fiscalía, al poco tiempo de iniciar el proceso, cambió la tipificación del delito de aborto a “homicidio agravado”. A pesar de la falta de pruebas que demostraran que Guadalupe realizó alguna acción intencional que condujera a la muerte del producto, ella fue condenada en 2007 a 30 años de cárcel.
 
El propio juez, al momento de condenarla, reconoció que no había prueba directa que demostrara su responsabilidad en los hechos, y por ello la condenó “por pura suposición y conjeturas”.
 
“Existen hechos que no se pueden demostrar de manera directa a través de los medios de prueba conocidos, sino solo a través del esfuerzo de la razón que parte de datos aislados, de cabos sueltos, que une la mente para llegar a una conclusión”, se lee en la sentencia contra Guadalupe.

Durante el tiempo que la joven estuvo en la cárcel, cuenta la Agrupación, ella terminó sus estudios de bachillerato y asistió a los diversos talleres de formación que le ofrecieron.

Desde 1998 El Salvador es uno de los cinco países de América Latina que prohíben el aborto bajo cualquier circunstancia. La criminalización de las mujeres por abortos, incluso espontáneos, se agravó en ese año cuando, para dar cumplimiento a la reforma legal, se estableció un aparato de persecución judicial para denunciar, investigar y procesar cualquier actividad “sospechosa de aborto” en hospitales públicos, y otros lugares de salud pública.
 
Según datos de la Agrupación Ciudadana, entre 2000 y 2011 al menos 129 mujeres fueron acusadas de aborto, de las cuales 29 están encarceladas; además se estima que al año se llevan a cabo 35 mil 89 abortos inseguros en el país centroamericano.
 
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