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Olvido y represión contra mixtecos

Por Karina Castillo Jiménez

El caso de dos soldados del Ejército que en 1999 incursionaron en la región mixteca del municipio de Tlacoachistlahuaca y mataron al niño Antonio Mendoza Olivero, de 12 años, y al campesino Evaristo Albino Téllez, de 27, y violaron a dos mujeres, de 50 y 33 años de edad, en la comunidad de Barrio Nuevo San José, sigue en suspenso.

Hermelinda Tiburcio Cayetano, dirigente y fundadora de la organización Ndu na ñu savi (Nosotros los pueblos mixtecos), que es parte del Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, denunció que hace ya cuatro años de este hecho y hasta el momento, asegura, aún está sin esclarecerse.

Fue en abril de 1999 cuando Evaristo Albino Téllez y el niño Antonio Mendoza Olivera salieron de la Comunidad Barrio Nuevo a recoger maíz de la parcela de su finca.

Al día siguiente, como no regresaban, Francisca Santos Pablo (suegra de Evaristo) y Victoriana Vásquez Sánchez (abuela de Antonio Mendoza) fueron a buscarlos a dicha parcela. Cerca de allí vieron a algunos militares y encontraron un charco de sangre.

Ellas fueron perseguidas por los soldados. Luego, Victoriana Vásquez fue atada y llevada a una casa abandonada donde fue violada por tres soldados; Francisca Santos fue llevada a un desfiladero, donde perdió el conocimiento, y luego fue violada.

“La abuelita dice que los militares la alcanzaron. Le amarraron las manos hacia atrás, la tiraron al suelo, le quitaron la falda y la violaron varias veces. Ahí se quedó tirada y amarrada de manos hasta que llegó la segunda mujer a desamarrarla.

“Francisca, de 33 años y madre de tres niños, también fue alcanzada por los militares, que la empujaron con sus armas hasta una barranca. A jalones la tiraron al suelo, se desmayó, cuando despertó se dio cuenta de que ya no tenía falda y de que había sido violada. Se puso la falda y buscó a la otra mujer. La encontró tirada y amarrada.

“Todavía no sabemos por qué los militares asesinaron a los hombres, la gente decía que los militares estaban ‘jugando’ con ellos apuntando y tirándoles balas, como a los venaditos, ellos corrieron, pero los alcanzaron”, explica Hermelinda Tiburcio.

Para esta defensora de los derechos humanos, la investigación siempre estuvo plagada de irregularidades y actitudes discriminatorias contra las indígenas.

“Convencía a las compañeras de bajar a Metepec a denunciar los hechos. Desde que llevé a Francisca y Victoriana al médico del ministerio público para probar que fueron violadas empezaron las actitudes discriminatorias porque somos indígenas. El médico me dijo ‘Vete por un guante porque esto está muy sucio y vienes pa’ decirle que se abra’. Después se puso doble cubrebocas para revisarla. Esto fue en el comienzo.

“Sospechábamos que fue el ejército el que había asesinado a estos campesinos y no encontrábamos los cuerpos. En la parcela de Evaristo había mucha sangre salpicada en los árboles, en las piedras y en un caminito que lleva a un cerro”.

En la tierra encontraron rastros de sangre y los huaraches del niño, muchos casquillos de bala percutidos, unos guantes de látex manchados de sangre y un cubreboca. “Así seguimos el camino que tuvo el ejército por las comunidades y la gente nos decía, ‘Sí, sí, los milicos bajaron con dos cadáveres”.

El 27 de abril, las autoridades y vecinos de los pueblos solicitaron la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la presencia de organismos no gubernamentales para localizar a los desaparecidos.

Presentaron ante el juez de primera instancia de Ometepec un recurso extraordinario de presentación de persona, pero el juez Víctor Manuel Suárez Navarrete se negó a recibir la queja, y sólo dos días después atendió la demanda.

Fue hasta el 7 de mayo que en la oficina regional de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Guerrero se les informó que las dos personas estaban muertas, y que sus cuerpos se encontraban en el Semefo de Acapulco. El domingo 9 de mayo, los muertos fueron sepultados en Santa Cruz Yucucani, en La Montaña, a más de 12 horas de camino de Acapulco.

Según Hermelinda Tiburcio puede probarse que desde el 20 de abril los hechos fueron conocidos por el agente del Ministerio Público de Ometepec y por el juez de primera instancia de esta ciudad, que encubrieron a los militares y ocultaron a los familiares el homicidio durante 18 días.

La versión proporcionada por los militares sobre los hechos fue que los campesinos los atacaron con armas de fuego y que los soldados los mataron al repeler la agresión. Sin embargo, no mencionaron las violaciones denunciadas en la agencia del Ministerio Público de Ometepec.

Hermelina Tiburcio, amenazada

Hermelinda Tiburcio fue acosada y perseguida desde que estos hechos fueron denunciados. “Me llamaban por teléfono a mi casa y me decían Ya deja lo que estás haciendo o te parto tu madre, en la calle me seguían hombres, me ponían trampas en los caminos para detenerme, pero siempre pude escaparme·”

“El peor día fue cuando estaba en casa de una señora amiga mía lavando ropa, un tipo llegó a preguntar por mí, la señora lo confundió con ‘uno de los derechos humanos’ porque estaba ‘blanquito’, pero su esposo advirtió que traía un arma y me avisó.

“Cuando salí a verlo lo primero que me preguntó fue: ¿Eres Hermelinda Tiburcio?

“–– Sí-, contesté

“–– Ven, tengo que darte un recado

“–– ¿De quién? Dímelo aquí

“–– No, tengo que decírtelo allá afuera

“Así estuvimos, nunca salí. Luego se llevó la mano derecha debajo de su chamarra, como buscando su arma, pero no me pudo disparar porque los señores de la casa fueron a juntar gente y el hombre se puso muy nervioso”.

Compañeros de distintas organizaciones llevaron mi caso también a México, llegó hasta Mary Robinson, titular del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, quien vino hasta aquí y negoció con las autoridades, con el gobernador René Juárez, para que me garantizaran seguridad, y sí, todo se calmó pero el gobernador sale el año que viene”.

“Yo sé que este respaldo sólo es en discurso, creo que lo que me avala son los espacios que hemos creado en la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas, compañeras muy comprometidas. Yo sabía las consecuencias de esto y las asumo. Esto no es una revolución con armas, es una revolución, más silenciosa y lenta, que estamos ahora haciendo las mujeres indígenas”.

A la fecha Hermelinda Tiburcio Cayetano tiene una orden de aprehensión está acusada de delitos como sedición, motín, sabotaje y hasta conspiración, todo porque el 12 de junio participó en la toma pacífica del Congreso local.

Hermelinda Tiburcio Cayetano, única mujer de los miembros del Comité Central del Frente de Lucha Popular de Guerrero, junto con Amador Cortés Robledo, Abel Barrera Hernández, Luis Zacarías Quiroz, Mario Rodríguez Sánchez, Cirilo Plácido Valerio, Marcelino Díaz de Jesús y Omar Garibay, bloquearon el Congreso de Guerrero para impedir que la 56 Legislatura local aprobara las reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas.

Desde 1995, cuando surgió el movimiento por la autonomía de los mixtecos de esta región, 20 indígenas activistas de esa causa han sido asesinados por motivos políticos, y como parte de la represión el presidente del municipio autónomo en rebeldía de Rancho Nuevo Democracia, Marcelino Isidro de los Santos, se encuentra encarcelado en Ometepec, lo mismo que la dirigente Juana Méndez Añorve.

2003/KCJ7GMT

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