Mañana 20 de marzo, organizaciones y redes mexicanas denunciarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la aplicación del fuero militar en México para investigar y juzgar a militares acusados de violaciones a los derechos humanos mantiene en la impunidad dichos casos, como el de las mujeres indígenas torturadas y agredidas sexualmente en la región de la Montaña de Guerrero, en 2001.
La denuncia ocurrirá en el marco del 134° periodo ordinario de sesiones de este organismo ubicado en Washington, DC, donde informarán que el accionar de México en este sentido contraviene los estándares interamericanos, que exigen que las violaciones a los derechos humanos queden excluidas del ámbito de competencia de estos tribunales.
Las organizaciones pedirán a la CIDH que inste al Estado a llevar a cabo las reformas necesarias para adecuar la normativa y la práctica mexicana a los compromisos internacionales asumidos por el gobierno. Esto último se traduce en la imposibilidad de que se aplique el fuero militar en casos de violaciones a los derechos humanos.
Pese a que existen por lo menos 11 casos ante la CIDH justamente por la impunidad que genera la jurisdicción militar, el Estado mexicano no ha tomado las medidas correspondientes para cumplir con las recomendaciones ya emitidas por este organismo.
CÓDIGO INCONSTITUCIONAL
Asimismo se informará a la Comisión que existen varias iniciativas de ley presentadas ante el Congreso con el fin de modificar las normas que permiten que la justicia militar conozca de violaciones de derechos humanos.
Además, informarán a la CIDH que este mes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría atraer un amparo en el cual se solicita que declare inconstitucional el Código de Justicia Militar, a fin de que se comience a revertir esta situación.
Las organizaciones critican que los casos en los que la Procuraduría Militar asume la competencia sobre una violación a los derechos humanos terminan en la impunidad.
En los últimos tres años, la Procuraduría Militar aceptó que sus agentes del ministerio público iniciaron 174 averiguaciones previas por delitos cometidos por militares contra civiles. Sin embargo, de éstas, únicamente 11 fueron consignadas: menos de una de cada diez.
Por otro lado, las organizaciones participantes no tienen conocimiento de ninguna sanción aplicada en el sexenio actual por violaciones graves a los derechos humanos.
Dicha problemática se ha puesto en relieve ante el aumento significativo de violaciones de derechos humanos cometidas por los elementos castrenses, llegando a la cifra de mil 230 quejas registradas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra la Secretaría de la Defensa Nacional en el año 2008.
Estas violaciones se dan en un contexto de militarización en un creciente número de comunidades, incluidas muchas comunidades indígenas, así como la criminalización de las acciones de los defensores de derechos humanos que abordan el tema.
Las organizaciones representadas en la audiencia serán: el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (FrayBa), el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria (CDHFFV), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín
Pro Juárez (Centro Prodh), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (Tlachinollan), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), Fundar Centro de Análisis e Investigación (Fundar) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los derechos para todas y todos» (RedTDT).
09/GG
