La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en México y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), llamaron al gobierno de Morelos a atender, esclarecer y sancionar la grave ola de violencia de género que azota a la entidad, y que ha cobrado la vida de al menos 23 mujeres en lo que va de 2013.
Ayer, durante la “Mesa para el consenso en una sociedad con derechos” –evento organizado por el gobierno estatal– el representante de la Alta Comisionada en México, Javier Esteban Hernández Valencia, pidió al gobernador Graco Ramírez atender la exigencia de la sociedad civil de emprender medidas urgentes ante el incremento en el número de asesinatos de mujeres.
En su intervención, el secretario Ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, pidió a la administración local esclarecer de manera eficaz los homicidios de los que ya tiene conocimiento.
Recordó que muchos de los casos sobre México que se han denunciado ante la CIDH derivan de una mala investigación y de una inadecuada impartición de justicia.
Vía telefónica, Juliana Quintanilla, coordinadora de la Comisión Independiente de los Derechos Humanos de Morelos (CIDHM), dijo a Cimacnoticias que las peticiones de Hernández Valencia y Álvarez Icaza derivan de la inacción del gobierno estatal para atender la violencia de género en la entidad.
Informó que la CIDHM ya había entregado previamente a ambos defensores copias de los documentos en los que se exige a los gobiernos estatal y federal la declaratoria de Alerta de Violencia de Género (AVG) para Morelos.
La AVG es un mecanismo de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que plantea acciones urgentes contra el feminicidio en un territorio determinado.
El pasado 15 de abril, ante la negativa del perredista Graco Ramírez de conceder una audiencia a organizaciones civiles para abordar el feminicidio, la CIDHM envió una carta a Enrique Peña Nieto para solicitarle la declaratoria de AVG.
Además en la misiva se documentó que del año 2000 a abril de 2013 fueron encontrados en el estado 357 cuerpos de mujeres brutalmente asesinadas.
A principios de mayo la CIDHM denunció que la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia informó que la carta había sido “turnada a la Secretaría de Gobernación para que sea atendido a la brevedad”, ya que la AVG es competencia de esa dependencia.
Juliana Quintanilla informó a Cimacnoticias que además de esos documentos, entregaron a los representantes de la Alta Comisionada y la CIDH copia del comunicado en el que se demanda al gobierno local el esclarecimiento del asesinato de la activista Petra Benítez Barrios, perpetrado el 23 de mayo de 2012.
En el documento la CIDHM advierte a las autoridades que el delito de feminicidio está tipificado en la entidad desde septiembre de 2011.
MÉXICO: “CLIENTE” DE LA CIDH
La CIDH ya ha dado seguimiento a casos específicos de feminicidio en México.
En 2006 admitió el caso de Silvia Arce, desaparecida en 1998 en Ciudad Juárez, y posteriormente en 2010 emitió recomendaciones al gobierno de Chihuahua y al gobierno federal para el caso de Paloma Escobar Ledezma, asesinada en 2002 también en la urbe fronteriza.
La CIDH –instancia de la Organización de Estados Americanos (OEA)– dio también seguimiento a tres asesinatos de mujeres, cuyos restos fueron encontrados en 2001 en Campo Algodonero, en Ciudad Juárez.
De este caso derivó en 2009 una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado mexicano por no salvaguardar la vida de las mujeres y no garantizar justicia a las víctimas.
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ONU y CIDH llaman a detener feminicidio en Morelos
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