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“Opacidad legal” traba aplicación de AVG

Por Gladis Torres Ruiz

Representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) coincidieron en que a pesar de que es necesaria y existen las condiciones para solicitar la Alerta de Violencia de Género (AVG) en la mayoría de las entidades de la República Mexicana, “la opacidad” que rodea al mecanismo impide que se active.

Durante el Segundo Seminario Nacional de la Red Nacional de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres, las especialistas informaron la serie de complicaciones que han encontrado para solicitar la activación del mecanismo.

El Sistema Nacional únicamente ha revisado de manera formal las solicitudes de AVG en Guanajuato por agravio comparado y del Estado de México por violencia feminicida. Las dos han sido negadas.

Las especialistas coincidieron en que las negativas de AVG se han hecho sin argumentos, ni fundamentos claros, además de que en los intentos de solicitudes de otras alertas, como el caso de Oaxaca, se han obstaculizado.

“La carga de la prueba recae en las solicitantes de la Alerta. Para el caso de Oaxaca nos dijeron que los testimonios de lo que sucede en San Juan Copala no eran suficientes, por lo que fuimos a recoger más pruebas y una de las compañeras fue asesinada”.

“Es decir, la carga de la prueba recae en la solicitante, por lo que las organizaciones están realizando las investigaciones que debería realizar el Estado”.

Coincidieron en que no ha quedado claro que la AVG es un mecanismo de “emergencia”, y la documentación y requisitos que se solicitan tan sólo para poder aceptar que el Sistema Nacional sesione para resolver si se activa una investigación para posteriormente determinar si procede la alerta, retarda más el proceso mientras las mujeres siguen siendo asesinadas.

Se señaló que la Comisión Especial de Feminicidio de la Cámara de Diputados debería estar trabajando en promover y realizar todas las acciones que le sean atribuibles para exigir la implementación de las alertas en las diferentes entidades del país que así lo requieran.

La diputada Teresa Incháustegui Romero, presidenta de la Comisión de Feminicidio de la Cámara de Diputados, afirmó que la manera en que está diseñado el mecanismo ha sido leída por los gobernadores de las entidades de la República como algo negativo, por lo que consideró debe mirarse como una acción positiva a favor de los derechos humanos de las mujeres.

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