Inicio Opacidad y desdén oficial agravan feminicidio en NL

Opacidad y desdén oficial agravan feminicidio en NL

Cubiertos por la impunidad y la falta de transparencia gubernamental, los asesinatos de mujeres en el estado de Nuevo León (NL) se incrementan de manera alarmante, mientras que las autoridades estatales y federales, lejos de aplicar medidas urgentes contra el feminicidio, descalifican las denuncias ciudadanas y justifican su inacción con argumentos legaloides.

Ya desde el año 2006, la diputada federal Marcela Lagarde, entonces presidenta de la Comisión Especial para Conocer y dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Feminicidios en la República Mexicana, lo había advertido: para las procuradurías de Justicia estatales la información sobre los asesinatos de mujeres “no es considerada relevante”.

Seis años después de que la legisladora realizó el primer informe sobre los asesinatos de mujeres en el país, titulado “Violencia feminicida en la República Mexicana”, el desdén de las autoridades judiciales para informar de manera precisa sobre esos crímenes sigue vigente.

RECUENTO DE LOS DAÑOS

El pasado 8 de febrero, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, rechazó iniciar una investigación para conocer la situación de los asesinatos dolosos de mujeres en NL, donde ?según organizaciones civiles? en 11 años se han registrado 548 víctimas.

Las agrupaciones ciudadanas ?entre ellas Arthemisas por la Equidad? presentaron ante el Sistema Nacional desde el pasado 13 de enero una solicitud para que las autoridades determinaran una eventual Alerta de Violencia de Género (AVG) para la entidad norteña.

Irma Ochoa, directora de Arthemisas, denunció que el Instituto de la Mujeres de Nuevo León ?integrante del Sistema Nacional? desestimó la solicitud de AVG, con el argumento de que su organización estaba integrada “por una sola persona”.

Además las autoridades dijeron que en NL las muertes de mujeres no son derivadas de un problema de género, sino que son consecuencia de un panorama de violencia generalizada en todo el país, al mismo tiempo que se arguyó falta de pruebas y de documentos.

María de la Luz Estrada, representante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), que agrupa a más de 43 organizaciones civiles de 17 estados de la República, afirmó que el rechazo del Sistema Nacional a iniciar una investigación en NL deja en claro que a las autoridades el feminicidio “no les parece suficientemente grave”.

Advirtió que hay una total carencia de argumentos jurídicos para sustentar la negativa a la AVG, así como un desconocimiento de las y los funcionarios sobre la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (Ley General).

DANZA DE CIFRAS

Ante la carencia de reportes oficiales, legisladoras federales y organizaciones de mujeres han documentado con sus propios mecanismos la ola de asesinatos de mujeres en NL.

En 2006, la Comisión Especial del Feminicidio de la Cámara de Diputados informó que en ese estado entre 2000 y 2004 se registraron 99 homicidios dolosos de mujeres. En ese entonces NL se ubicaba en el lugar 22 entre los estados con mayores tasas de esos delitos.

En la investigación “Violencia feminicida en la República Mexicana”, la Comisión Especial asentó que las procuradurías no cuentan con un sistema adecuado de seguimiento, ni con una sistematización de la información que permita determinar cuántas mujeres han sido víctimas de una muerte violenta.

Las integrantes de esa instancia legislativa ?encabezada por Marcela Lagarde? observaron que en el Poder Judicial en los estados “predomina la omisión, el desconocimiento, el descuido y un mal manejo de la información sobre los casos de homicidios de mujeres; los órganos encargados de la impartición de justicia en el país no le otorgan a los homicidios de mujeres la importancia debida”.

En 2011, la misma Comisión Especial, cuya titular ahora es la diputada Teresa Incháustegui, reportó que para 2009 la tasa de defunciones femeninas con presunción de homicidio (número de muertes de mujeres por cada 100 mil) aumentó en NL 103 por ciento con respecto a 2005.

En el estudio “Feminicidio en México, aproximación, tendencias y cambios”, las diputadas federales informaron que de 2005 a 2009 ocurrieron 137 asesinatos en la entidad.

Al igual que en la investigación de Marcela Lagarde, Incháustegui precisó que los datos proporcionados por la Procuraduría Estatal de Justicia, la Secretaría de Salud y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), revelan que “no existe un adecuado seguimiento de las muertes de mujeres, por lo que no es posible determinar de manera eficaz cuáles ocurrieron por razones de género”.

En este segundo estudio, se descubrió que en NL cada vez se realizan menos procedimientos para certificar las causas de las muertes de mujeres. Así, la proporción de certificados de defunción en muertes de mujeres, con presunción de homicidio, elaborados por un médico legista, pasó de 84 por ciento en 2005 a 70 por ciento en 2009.

La falta de información oficial es tal que hasta el Instituto Estatal de las Mujeres de NL realizó una investigación sobre la ola feminicida en la entidad a partir de notas periodísticas.

El “Estudio hemerográfico sobre los femicidios y feminicidios en Nuevo León, durante los años 2005, 2006 y 2007” se basa en “las notas de prensa que consignaron las particularidades de los eventos criminales que dieron lugar a la pérdida de la vida” de una mujer, publicadas en los periódicos de mayor circulación en Monterrey, capital del estado.

PROBLEMA MINIMIZADO

Irma Ochoa, directora de Arthemisas por la Equidad, observó que los asesinatos dolosos de mujeres en NL “se han minimizado”, incluso por instancias como el Instituto Estatal de las Mujeres. “Tenemos claro que no hay verdadero acceso a la justicia para las víctimas, los casos no se resuelven, no hay investigaciones desde la autoridad”, acusó.

Agregó que ante la alta cantidad de casos de feminicidio, los medios de comunicación tampoco dan un seguimiento puntual de ellos, por lo que “casi nunca se sabe que pasó con las víctimas que desaparecieron o quiénes fueron sus victimarios, es decir, se apuesta por el olvido”.

Es así que Arthemisas y otras organizaciones civiles tienen un recuento propio de la ola de asesinatos en el estado. En el informe “Situación de las Mujeres en Nuevo León, México”, elaborado a partir de datos hemerográficos y que se entregó en octubre pasado al Comité de la CEDAW, se indica que la tasa de homicidios dolosos de mujeres por cada 100 mil se ha incrementado en más de 40 por ciento, pasando de 2.45 a 3.52 entre 2005 y 2009.

Del 2000 al 2008 un promedio de 23 mujeres fueron asesinadas al año; en 2009 la cifra aumentó a 40, y en 2010 a 74. Tan sólo de enero a junio de 2011, 73 mujeres fueron ultimadas. El 79 por ciento de los crímenes ocurrió en el área metropolitana de Monterrey.

Asimismo, en 20 meses del gobierno de Rodrigo Medina (de octubre de 2009 al 30 de junio de 2011) se han registrado 159 asesinatos de mujeres en todo el estado.

NEGLIGENCIA

En su sentencia del 16 de noviembre de 2009 contra el Estado mexicano por el caso Campo Algodonero ?donde se encontraron los restos de tres mujeres asesinadas en Ciudad Juárez? , la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó que a más tardar en diciembre de 2010 debía crearse un banco de datos con información personal y genética de mujeres desaparecidas y asesinadas en todo el país. La base de datos sigue pendiente.

En junio de 2011, la entonces titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), Laura Carrera, acusó a las procuradurías estatales de no recabar la información de los asesinatos dolosos ni desglosarla por sexo, además de que cuando tienen los datos no los brindan, “de ahí que haya diversas cifras de asesinatos en un solo estado”, alertó.

Recordó que el Banco Nacional de Datos e Información sobre casos de Violencia contra las Mujeres, dependiente de la Secretaría de Seguridad Publica federal, sigue sin funcionar a pesar de que se le ha etiquetado presupuesto.

El banco está pendiente desde 2007, año en que se estableció como una obligación estipulada en la Ley General.

12/GTR/AZM/RMB

Este Web utiliza cookies propias y de terceros para ofrecerle una mejor experiencia y servicio. Al navegar o utilizar nuestros servicios el usuario acepta el uso que hacemos de las cookies. Sin embargo, el usuario tiene la opción de impedir la generación de cookies y la eliminación de las mismas mediante la selección de la correspondiente opción en su Navegador. En caso de bloquear el uso de cookies en su navegador es posible que algunos servicios o funcionalidades de la página Web no estén disponibles.Acepto Leer más

Skip to content