El Estado mexicano debe garantizar el derecho de las mujeres a la maternidad libre y voluntaria, y crear medidas globales de protección para las y los defensores de Derechos Humanos, demandó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Durante el 141 periodo de sesiones de la CIDH, al menos 12 organizaciones mexicanas señalaron las consecuencias de las legislaciones estatales que restringen la interrupción legal del embarazo, como por ejemplo los abortos en condiciones inseguras y la muerte materna.
Con relación a las modificaciones que en México hicieron los Congresos locales en 17 de las 32 entidades federativas, de 2008 a 2010, con el objetivo de penalizar el aborto, la CIDH reiteró que «la salud reproductiva de las mujeres debe ocupar un lugar prioritario en las iniciativas legislativas y los programas de salud nacional y local en las esferas de prevención y protección».
Ello conlleva al análisis pormenorizado de «todas las leyes, normas, prácticas y políticas públicas que en su texto o en la práctica puedan tener un impacto discriminatorio en las mujeres en su acceso a servicios de salud reproductiva, y prevenir las consecuencias negativas que estas medidas pudieran tener en el ejercicio de sus Derechos Humanos en general».
Además indicó que los Estados están «obligados a eliminar todas las barreras de derecho y de hecho que impiden a las mujeres su acceso a servicios de salud materna que ellas necesitan, como la sanción penal al acudir a estos servicios».
La CIDH asimismo recuerda a los Estados que el aborto terapéutico es reconocido internacionalmente como un servicio de salud especializado y necesario para las mujeres cuya finalidad es salvar la vida de la mujer cuando ésta se encuentra en peligro a consecuencia de un embarazo.
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS
Durante este período de sesiones, la CIDH decidió crear una Relatoría sobre la situación de las y los defensores de Derechos Humanos (DH), para visibilizar la importancia del rol de las y los activistas «en consideración de las denuncias» que recibió por parte de organizaciones de México y de otros países de la región.
La Comisión recibió información en varias audiencias temáticas sobre la grave situación de las defensoras y defensores humanitarios en países como México, Honduras, Colombia, Guatemala, Ecuador, Chile, Brasil, Paraguay y Venezuela.
La CIDH tomó conocimiento de un preocupante número de asesinatos y ataques contra defensores y defensoras en México, Guatemala y Honduras.
La Comisión reiteró que «los agentes del Estado deben abstenerse de estigmatizar y usar expresiones que tiendan a deslegitimar la labor de las organizaciones defensoras de Derechos Humanos o de sus miembros que participan en las audiencias ante la CIDH».
El organismo instó a los Estados a que adopten políticas globales de protección a las defensoras y defensores y a que den cumplimiento cabal a las solicitudes de los órganos del sistema interamericano en esta materia.
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