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Ordena CIDH a México proteger a defensora amenazada

Por la Redacción

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a la activista guerrerense y dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur, Norma Mesino Mesino, y a 10 miembros de su familia, por lo que el Estado mexicano deberá asegurarle protección ante el hostigamiento en su contra.
 
El pasado 25 de febrero la CIDH ordenó la adopción de medidas cautelares a favor de la defensora, quien ya contaba con protección que, según ella, eran ineficaces porque a pesar de tener escoltas era blanco de hostigamiento policiaco. (Cimacnoticias 11 de febrero de 2015)
 
El 17 de diciembre de 2014 Norma Mesino recibió un mensaje anónimo en su teléfono celular, donde se menciona el nombre del supuesto asesino de su hermana y se advierte que también la mataría a ella. Aunado a esto, los cables de la cámara de seguridad instalada en su casa fueron cortados.
 
La familia Mesino ya ha sido víctima de crímenes. En septiembre de 2005 Miguel Mesino Mesino fue ultimado en Atoyac de Álvarez; y años después, en octubre de 2013, su hermana Rocío Mesino fue asesinada a balazos en la comunidad de Mexcaltepec, en el mismo municipio guerrerense.
 
En un comunicado, la CIDH informó que la solicitud de medidas cautelares se debe a que los beneficiarios se encuentran en riesgo por sus actividades como defensores de Derechos Humanos (DH).
 
La Comisión Interamericana consideró que la información que recibió demuestra que Norma y 10 miembros de su familia están en una situación de “gravedad y urgencia”, puesto que su vida e integridad personal se encontrarían en riesgo.
 
Norma Mesino informó al organismo que ella y otros activistas de su organización han participado en manifestaciones en apoyo a las familias de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos en septiembre pasado en Iguala, Guerrero, donde han observado a policías vigilando, y tomando fotografías y videos.
 
En consecuencia, la CIDH solicitó al Estado mexicano adoptar las medidas necesarias para preservar la vida e integridad personal de la activista y su familia, y para que pueda desarrollar sus actividades como defensora sin ser objeto de actos de violencia y hostigamiento en el ejercicio de sus funciones.
 
Asimismo pidió que las medidas se acuerden entre las autoridades, los beneficiarios y sus representantes; y que se informe al organismo sobre las acciones realizadas para investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de las medidas cautelares y así evitar su repetición.
 
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