Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) exigieron que se derogue el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas 2010-2012, por considerar que es deficiente, discriminatorio, no tiene una perspectiva de Derechos Humanos y tampoco atiende a las víctimas de este delito.
En entrevista, Nadia Sierra Campos, integrante de la organización Pro Mujer AC, dijo que este Programa, publicado el pasado 6 de enero con un retraso de dos años, tiene grandes deficiencias porque sólo consta de tres objetivos y ocho estrategias que no hacen frente a la trata de personas, ni plantean una atención integral a las víctimas.
La activista criticó que aunque la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, aprobada en 2007, menciona en su artículo 10 que el Programa Nacional debe incluir, cuando menos, políticas públicas en materia de prevención y sanción de la trata de personas, así como la protección y atención a las víctimas del delito, pero en la realidad no es así.
Aunque el cuarto objetivo del Programa es proporcionar una atención integral y de calidad a las personas en situación de trata, así como a familiares y testigos, Sierra Campos aseguró que «en ningún momento se aborda la atención a la víctima de manera integral, no hay un respeto a los Derechos Humanos».
Agregó que el Programa es limitado en la atención de los Derechos Humanos y criticó que una de sus líneas de acción sea analizar las costumbres y tradiciones de los diversos pueblos indígenas.
«No es suficiente con conocer los usos y costumbres de los pueblos indígenas acerca de sus creencias y prácticas respecto de matrimonios forzados, servidumbres, venta de niños y niñas, explotación laboral de menores de edad y demás conductas que pudieran vincularse con el delito de trata de personas», advirtió. «Éstas prácticas no deben existir», observó.
«No sólo es decir pobrecitas las niñas y los migrantes; las políticas tienen que concordar con la realidad, no se pueden hacer leyes bajo el desconocimiento», subrayó Nadia Sierra.
Asimismo, criticó que la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) y presidenta de la Comisión Especial para la Lucha contra la Trata de Personas de la Cámara de Diputados, Rosa Orozco, promueva una Ley General en la materia cuando no se tiene un estudio real sobre el problema.
Explicó que no se puede aprobar una ley cuando no se considera que en algunas regiones del país los padres venden u ofrecen a sus hijas, y que hay casos donde se roban a las adolescentes en fiestas. «Esto no tiene que ver con delincuencia organizada sino con gente que comete prácticas de discriminación contra las mujeres», sostuvo.
Sierra adelantó que Pro Mujer AC recolectará firmas de más OSC para enviar una carta a Felipe Calderón y al secretario de Gobernación, Francisco Blake, en rechazo al Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.
Además exigirán que se convoque a un diálogo nacional con expertos y académicos a fin de presentar un Programa que responda a la realidad nacional, expuso.
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