A un mes de haberse presentado la solicitud de juicio político en contra de Jorge Victoria Maldonado, ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos del estado de Yucatán (Codhey), organizaciones civiles expresaron su preocupación porque el Congreso del estado y concretamente la Comisión de Puntos Constitucionales han relegado una vez más la solicitud ciudadana.
En un comunicado conjunto, las OSC señalaron que esta dilación «denuesta y minimiza un ejercicio popular protegido y garantizado por la Constitución del estado y por la Ley de Servidores Públicos de la entidad, pues pareciera que al dilatar la admisión de la demanda, se pretende diluir la importancia de la acción ciudadana y encubrir la gravedad de las conductas denunciadas».
El ex Ombudsman estatal fue denunciado por violación sistemática de los plazos, que establece la Ley de Codhey para resolver quejas a presuntas violaciones a derechos humanos y negligencia de sus funciones, actos cometidos durante su gestión.
Por esta razón, señalan, presentamos ante los presidentes de la Mesa Directiva, de la Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Asuntos Electorales y ante el Oficial Mayor, todos del Congreso del estado de Yucatán, formal solicitud para que informen sobre el trámite en la dictaminación del juicio y exigirles que admitan solicitud de juicio político, de tal manera que se inicie el procedimiento formal y se puedan aportar las pruebas, etc.
De lo contrario, agregaron, «la falta de admisión de la solicitud de juicio político al presidente de la Codhey podría interpretarse como un total desinterés o indolencia por parte de las y los integrantes de la Legislatura local, para analizar el tema de los Derechos Humanos en Yucatán, exhibiendo que, para el legislativo, éste no es un tema prioritario en la agenda de gobierno», señalan OSC.
¿PREVALECE LA NEGOCIACIÓN?
Agregaron que también desnudaría el nulo compromiso de las y los diputados con la ciudadanía a quien dicen representar, porque «no admitir la petición en cuestión, implicaría, además, dar un mensaje a la población de que, no importa qué tan grave son las conductas cometidas por determinado funcionario público, si lo que prevalece es la negociación política y los intereses particulares por encima del bienestar común».
Las OSC añaden que determinar con criterios ajenos a la ley la procedencia o no del juicio político implicaría que las y los diputados estarían siendo cómplices de la impunidad de las servidoras y los servidores públicos que se benefician delirregular actuar de la Codhey.
Entre los firmantes del comunicado se encuentran la Asociación Estatal de Padres de Familia, Buenas Intenciones, Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Laborales, Ciencia Social Alternativa y Kolectivo El Rebelde.
Así como el Foro Permanente por la Defensa de nuestros Ecosistemas Peninsulares, Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, Muuch Tamba Meyaj, Oasis de San Juan de Dios, Red de personas afectadas por VIH, Servicios Humanitarios en Salud Sexual y Reproductiva y la Unidad de Atención Psicológica, Sexológicay Educativa para el Crecimiento Personal.
09/LAG/GG
