La Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y la organización civil de Chihuahua «Justicia para Nuestras Hijas» presentarán en diciembre-enero próximos una petición formal a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso de David Meza Argueta, torturado por el Estado mexicano para declararse culpable por el asesinato de su prima Neyra Azucena.
La denuncia contra el Estado mexicano será por tortura, error judicial, faltas al derecho de honra, y acceso a la justicia, y por violencia en contra de las mujeres en la entidad, informó vía telefónica Mario Solórzano Betancourt, director jurídico de la CMDPDH, quien agregó que también denunciarán la nula consecución de avances de la Procuraduría de Justicia de Chihuahua para dar con los responsables del asesinato de Neyra Azucena Cervantes.
Neyra desapareció el 13 de mayo de 2003 al salir de la escuela de Computación Ecco en Chihuahua –punto de desaparición de muchas jóvenes– para dirigirse a su casa. Tenía 19 años, estudiaba en la Facultad de Ciencias Agropecuarias y era empleada de una tienda junto a la escuela de computación.
Los «presuntos» restos de Neyra fueron encontrados el 16 de julio de 2003 en el cerro conocido como Los cuernos de la Luna, ubicado en la Sierra de Nombre de Dios, capital del estado y fueron trasladados y «resguardados» en el edificio de la Procuraduría de Justicia estatal (PJE), conocido como el C-4.
Pese a que en el lugar se encontraron más restos, el exgobernador Patricio Martínez y el entonces procurador José Solís Silva «el chito Solís», lo negaron rotundamente, aferrándose a la versión que hasta entonces habían manejado: sólo se había encontrado el cuerpo de Neyra y su asesino era su primo.
Los restos fueron entregados a los familiares de Neyra, quienes únicamente reconocieron su ropa tras sospechar que la osamenta que les habían entregado no correspondía a la joven ya que los huesos estaban demasiados «limpios» para el tiempo de muerte de Neyra.
Pese a ello y a que la familia solicitó peritajes y pruebas de ADN para la identificación de los restos, las autoridades respondieron con una campaña de hostigamiento en su contra.
El caso fue presentado junto con otros más al Equipo de Expertas de Antropología Forense, quienes en noviembre de 2005 determinaron que hubo inconsistencias respecto al tiempo de muerte, ya que no era posible determinar basándose en un solo rasgo el tiempo de muerte preciso.
Así como deficiencias en la cadena de custodia al momento de recolectar las pruebas y confirmaron las sospechas de la familia de Neyra: los restos hallados en Los Cuernos de la Luna no correspondían a ella, sino a otra joven desaparecida también en el mismo periodo que Neyra llamada Minerva Teresa Torres Albeldaño.
LA FIGURA DEL CHIVO EXPIATORIO
David Meza Argueta fue detenido dos meses después del asesinato de Neyra Azucena, el 14 de julio de 2003, junto con su tío. A ambos se les torturó para que se declararan culpables, sólo su tío salió libre.
Finalmente David obtuvo su libertad absolutoria el 29 de junio de 2006 luego de haberse demostrado su tortura, a través de la aplicación del Protocolo de Estambul, realizado por peritos independientes quienes confirmaron la tortura física y psicológica para que confesara haber asesinado a Neyra Azucena, ya que no constaba en la PJE ninguna otra prueba más que su confesión.
Así lo señala también la Comisión Estatal de Derechos Humanos en su recomendación 12/2005, emitida en 2006, que además agrega que David Meza fue incomunicado y lesionado por agentes de la Procuraduría estatal.
Por ello, la demanda ante la CIDH también incluirá cómo la PJE creó la figura del chivo expiatorio, para fabricar culpables y simular haber resuelto los casos y con ello dar una «respuesta» a la sociedad, dijo Solórzano Betancourt.
EL ESTADO, OMISO PARA REPARAR DAÑO
Han pasado cinco años de estos hechos y a la fecha, sostuvo Solórzano Betancourt, no hay ningún resultado ni sobre la investigación sobre tortura para enjuiciar y sancionar a los responsables, como tampoco ha habido una reparación del daño moral, integral, físico y material para David Meza y sus familiares.
La CMDPDH, ha calificado como «grave y preocupante» que hasta ahora tampoco haya avances en la investigación del caso de Neyra ni responsables del asesinato y que la PJE continúe «analizando» el expediente, sin definir con claridad las líneas de investigación que seguirán.
En un comunicado, la organización defensora de derechos humanos recuerda que la legislación vigente en el estado de Chihuahua que adopta el nuevo sistema de justicia penal establece en su Artículo 71 que «el imputado tiene derecho a ser indemnizado cuando ilícitamente haya sido afectado en su derecho a la privacidad, integridad física, psicológica o moral, libertad personal o trabajo».
Se entenderá por afectación personal, prosigue el artículo, cuando se declare que el hecho no existió o que el imputado no ha tenido intervención en el hecho y éste haya sufrido prisión preventiva, internación preventiva, arraigo domiciliario…o bien, el condenado sea absuelto por haberse acreditado plenamente su inocencia.
Por todo lo anterior, la CMDPDH ha urgido a la Procuradora del estado, Patricia González, a realizar una investigación seria, imparcial y a fondo, para identificar y sancionar a los verdaderos culpables del asesinato de Neyra.
Exigieron al gobernador de la entidad, José Reyes Baeza, y a la procuradora, investigar los hechos de tortura cometidos contra David Meza y su tío Jesús Argueta, para que garanticen la reparación integral del daño causado a ambos y a sus familiares así como una disculpa pública por el daño causado.
Pidieron al Gobernador cumplir su compromiso para que la Unidad de Investigación Especializada que atiende los casos de violencia contra la mujer se mantenga «hasta en tanto se hagan todas las consignaciones ante juez competente».
08/LGL/GG
