Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y feministas de México expresaron su apoyo a las nueve mujeres denunciadas por cometer supuestos delitos de encubrimiento de violación en Nicaragua y exigieron al gobierno de ese país no dé trámite a la denuncia y se abstenga de ejercer cualquier acción penal.
En comunicado de prensa suscrito por la Red Interactiva de difusión del Observatorio Ciudadano de los Derechos de las Mujeres, las activistas mexicanas informaron que la denuncia, introducida el viernes 23 de noviembre por la Asociación Nacional Pro Derechos Humanos ante el Ministerio Público en Nicaragua, está dirigida contra Luisa Molina, Ana María Pizarro, Martha María Blandón, Martha Murguía, Violeta Delgado, Mayra Sirias, Juana Jiménez, Lorna Norori y Yamileth Mejía.
Están acusadas de cometer supuestos delitos de encubrimiento de violación, delito contra la administración de justicia, asociación e instigación para delinquir y apología del delito de aborto, al acompañar a Rosita, niña nicaragüense de nueve años que en febrero del 2003 estaba embarazada como consecuencia de una violación.
«Estamos con ustedes y con todas las personas que trabajan para que en nuestros países haya justicia y respeto a los Derechos Humanos de la niñez, la adolescencia y las mujeres», detallan en su documento las ONG y feministas mexicanas.
NIÑEZ EN RIESGO, EN NICARAGUA Y MEXICO
Señalan que el abuso sexual contra niñas y niños es una realidad lacerante en el mundo y en países latinoamericanos como Nicaragua y México.
En Nicaragua, según información del Anuario Policía Nacional 2006, cada 2 horas y 14 minutos se produce un delito sexual, esto significa 11 delitos sexuales por día. Más de la mitad de las víctimas son niñas, niños y adolescentes.
Por eso, dice el documento, demandan al Estado nicaragüense garantice la protección de niñas, niños y adolescentes en situación de abuso sexual, promoviendo una atención integral y que acabe la impunidad. Pidieron también «apoyo a víctimas y sobrevivientes y condena para abusadores».
Además exigieron al Ministerio Público que no dé trámite a esta denuncia contra las feministas y se abstenga de ejercer cualquier acción penal; «Le pedimos que centre sus esfuerzos en agilizar los procesos legales por delitos de violencia sexual y asegurar que sean los abusadores quienes vayan a la cárcel, y no quienes acompañan a las víctimas».
En este sentido las OSC lanzaron un llamado a cada mujer y cada hombre en el Continente Americano a romper la cultura del silencio, a no ser cómplices y testigos mudos ante los miles de casos de abuso sexual. Ya que «el abuso sexual representa una grave violación a los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes».
Nuestros países, enfatizan las activistas, al referirse a México y Nicaragua, han ratificado convenios internacionales y han creado leyes para proteger y sancionar estos delitos, por tanto es una responsabilidad social compartida garantizar el interés superior de la niñez y la adolescencia.
En este sentido, agregaron que las OSC han trabajado, desde hace muchos años, de la mano de víctimas, sobrevivientes y sus familias, acompañándolas en su búsqueda de justicia –como lo hicieron en su momento las feministas de Nicaragua– aun cuando en la mayoría de los casos el sistema judicial pareciera ser indiferente ante este problema.
AMBIGUAS LEYES SOBRE ABORTO TERAPÉUTICO
Antes de la reforma a su Código Penal, que criminaliza la práctica de todo tipo de aborto, incluso el que ocurre para salvar la vida de la madre, Nicaragua era el único país en Latinoamérica que permitía el aborto terapéutico, aunque sin definir las condiciones en las que se podría realizar.
Así, aunque existía el derecho legal de la práctica del aborto terapéutico, las mujeres en ese país no tenían acceso a él tan fácilmente, señala el artículo ¿Deben los doctores ser jueces? Políticas ambiguas frente al aborto legal en Nicaragua de Heathe Luz McNaughton, Ellen MH Mitchell y Marta Maria Blandon, incluido en el libro Temas de Salud Reproductiva, editado por Reproductive Health Matters.
Dice el texto que la legislación sobre el aborto en Nicaragua «privaba a las mujeres de autonomía, pues exigía que tres o más médicos aprobaran la solicitud de acceder a un aborto terapéutico legal».
EL CASO DE ROSITA
Así la ambigüedad de la ley se evidenció ante la opinión pública internacional en febrero del 2003 cuando se descubrió que una niña nicaragüense de nueve años, Rosita, estaba embarazada como consecuencia de una violación.
Y aunque la legislación costarricense permite el aborto para proteger la salud de una mujer, los médicos responsables de la niña en Costa Rica, donde vivía con sus padres, negaron que el embarazo pusiera en riesgo su salud física o mental y «se negaron a contemplar la posibilidad de un aborto».
Al regresar a Nicaragua, cuenta el artículo, la familia de Rosita solicitó un aborto terapéutico y el comité de médicos que la revisó explicó que proseguir con el embarazo o finalizarlo representaban el mismo riesgo, por lo que dejaron en manos de los padres la decisión.
Rosita tuvo una interrupción de su embarazo sin dificultades pero se puso en duda la legalidad del aborto. Ante ello, se abrió una investigación oficial con la finalidad de comprobar si los médicos habían violado la ley.
«Finalmente, el gobierno declaró oficialmente que los doctores eran inocentes de cualquier ofensa, dado que el aborto terapéutico estaba permitido», dice el artículo.
De la mima manera, señala que el comité nicaragüense evitó respaldar el aborto a causa de las enormes presiones políticas y la atención de los medios que afrontaba. En efecto, al dejar la decisión con la familia, se sometieron a la autoridad de las Cortes.
En este sentido, el documento sugiere que el gobierno conservador de Violeta Chamorro influyó en la disminución de abortos terapéuticos y provocó situaciones parecidas a las de Rosita.
07/GT/GG
