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Padece niñez mexicana violación al derecho de igualdad

Por Adriana Rodríguez González

Pese a los avances que el Estado Mexicano ha logrado en materia de cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño, la violación al derecho de igualdad es un factor que determina en buena medida la falta de disfrute y ejercicio de muchos otros derechos por parte de niñas y niños mexicanos, señala la Red por los Derechos de la Infancia en un informe alternativo.

La Red por los Derechos de la Infancia México es una coalición de organismos no gubernamentales mexicanos que desarrollan programas a favor de la infancia que padece condiciones de especial discriminación y desigualdad. Se conformó en el año 2001 y hoy agrupa a 58 organizaciones y redes temáticas de 13 Estados de la República.

La Convención de los Derechos del Niño fue ratificada por el Senado de la República en 1990 y con ella el Estado mexicano se comprometió a adecuar sus leyes y a establecer los mecanismos necesarios para dar seguimiento a los derechos establecidos en este acuerdo internacional, así como para garantizar su cabal cumplimiento.

El Informe Alternativo de la Red busca animar al Gobierno federal en su conjunto a emprender medidas más enérgicas para acelerar el cumplimiento de los derechos de la infancia en el país, señala.

La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, pretendidamente de nivel federal, presenta graves limitaciones, pues carece de un ámbito obligatorio en el ámbito de la República, ya que la infancia es un tema reservado a las legislaturas estatales, por lo que puede ser motivo incluso de controversia constitucional.

El Gobierno federal, en su Tercer Informe sobre la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño, realizado al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, informa que en cumplimiento de una recomendación se inició la instalación de los Comités Estatales del Sistema Nacional de Seguimiento y Vigilancia de la Aplicación de la Convención de los Derechos Humanos de la Niñez en las 32 entidades federativas.
A la fecha se han creado únicamente 21 Comités estatales, coordinados por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).

Naciones Unidas recomendó: establecer medidas legislativas, políticas y normativas para la creación de un sistema nacional de protección a los derechos de la infancia; implicar la instalación a niveles federal, estatal y municipal de Consejos orientados a formular, regir y coordinar las políticas públicas a niveles intersecretarial, intersectorial y con las organizaciones no gubernamentales.

También emprender acciones para que los planes y programas públicos relacionados con la infancia se dirijan fundamentalmente a la protección de sus derechos.

Sin embargo, no se crearon instancias con las condiciones apropiadas para articular los esfuerzos a favor de la infancia, para defenderles en casos de violación a sus derechos o para dar cuenta de su situación y del impacto ocasionado por las políticas sociales y económicas, por lo que numerosos problemas que padece la infancia se mantienen en el desconocimiento y sin medidas de protección apropiadas.

CIFRAS DEL MALTRATO

En el Censo General de Población y Vivienda 2000 (Censo 2000 INEGI) se contabilizaron 38 millones 707 mil 777 millones de niños y niñas menores de 18 años, para el 2003 la población de 0 a 17 años se estimó, según Conapo, en un poco más de 39 millones de personas, representando el 37.65 por ciento del total de la población.

En lo que toca a las denuncias para el 2002 del Programa de Prevención al Maltrato Infantil (PRENAM), se reportan solamente para el Distrito Federal 23 mil 585 denuncias. De éstas, 50.8 pro ciento fueron casos de niños y 49.2 casos de niñas.

No obstante estos reportes, existen investigaciones que apuntan a un subregistro en el número real de casos de maltrato infantil frente al número de denuncias presentadas ante las instancias correspondientes.

Avances de la investigación sobre la Consulta Internacional sobre la Violencia Infantil, encargada por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en 17 países de América Latina, estiman que en México 8 de cada diez niños sufren violencia familiar y que al menos 2 millones de niñas y niños son golpeados por sus padres y/o maestros.

INEFICIENCIA EN LA PREVENCIÓN

Las acciones contempladas en la aplicación del Artículo 19 de la CDN han versado en tres rubros: la prevención, la justiciabilidad y la atención. Es decir, cómo se colabora con aquellos responsables del cuidado de las y los niños para evitar la violencia, cómo se interviene judicialmente para detener la violencia en contra de ellas y ellos y cómo se atiende su recuperación e integración a un ámbito de vida libre de violencia.

México, aunque ha tenido avances importantes a través de algunas acciones sobre todo en el ámbito de la prevención, no ha logrado establecer mecanismos eficientes para garantizar la protección de la víctima.

El maltrato infantil que más se presenta son insultos, golpes y abuso y, de ellos, el que se presenta en la familia se incrementa en los estados de Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chiapas, Durango y Nayarit.

En el caso de la escuela, los estados en donde niñas y niños reportan maltrato son Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Guanajuato y Durango.

Por otra parte, de acuerdo al Observatorio Ciudadano de la Educación, de 1990 a parte de 2005, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos había recibido 2 mil 933 quejas por violaciones de derechos humanos de las y los alumnos de educación básica, de las cuales 90 por ciento corresponden a escuelas públicas.

Las entidades donde las comisiones estatales de derechos humanos han emitido recomendaciones por maltrato de maestros a estudiantes son: Oaxaca, 16; Estado de México, 10 y Tamaulipas 8.

Estos hechos reafirman la falta de mecanismos jurídicos que garanticen el respeto a una vida sin violencia para los niños, niñas y adolescentes en México.

DETRÁS, LA POBREZA

De acuerdo al Censo 2000, la población de entre 0-17 que vivían en hogares cuyo ingreso familiar era de 2 salarios mínimos o menos alcanzó a 16 millones 478 mil 600 niños y niñas; lo que se traduce en que el 42.6 por ciento niñas y niños en nuestro país viven en hogares con un ingreso menor a 236 dólares.

Según un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) de 2005, dentro de los países de la OCDE, México es el país con la tasa más alta de pobreza infantil.

Durante los años 90 se registró un aumento de 3 puntos en la tasa de pobreza infantil, uno de los más altos incrementos dentro de los países que conforman esta organización mundial.

Este mismo informe ubica a México como el país con más alto porcentaje de niños viviendo bajo el promedio nacional de ingresos. De igual forma, las tasas de reducción de la pobreza vía intervención gubernamental para el caso de México son de las más bajas entre este grupo de países.

En el contexto de América Latina, México se encuentra entre los países de más alta desigualdad según un informe de la Cepal.

El Informe sobre Desarrollo Humano de México 2004, por su parte, señala que la desigualdad se concentra principalmente en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Puebla, Guerrero y Estado de México, estados responsables del 40.3 por ciento de la desigualdad nacional.

Sin embargo la desigualdad al interior de los municipios mexicanos es más alta que entre las diversas entidades federativas, pues las diferencias en el índice de ingresos a este nivel llegan al 168 por ciento, siendo Guanajuato el estado que presenta mayor disparidad en los niveles de ingreso al interior de sus municipios

No obstante el Estado ha avanzado en proporcionar servicios básicos a niñas y niños, la brecha es aún preocupante. Así lo muestra el hecho de que, de acuerdo con el Censo 2000, 10 millones 630 mil 429 niñas y niños mexicanos vivían en hogares sin drenaje en su vivienda (27.5 por ciento de total).

En Oaxaca y Guerrero, el porcentaje de niños y niñas habitando en viviendas con esa carencia es más del doble: 61.2 por ciento y 55.2 por ciento, respectivamente.

La inequidad en la aplicación del gasto público tiene impacto sobre el bienestar de los niños y niñas y en la profundización de las desigualdades de las infancias mexicanas.

Un informe de la organización Fundar indica que México tiene un sistema de salud segmentado, mediante el cual el derecho a la salud de niñas y niños en condiciones de pobreza difícilmente puede verse realizado: a una niña o niño cuyos padres cuentan con empleo formal se le destinarán 2 mil 786 pesos al año, mientras que a los menores de edad que vive en condiciones de extrema pobreza se le destinan 384 ó 131 pesos al año, dependiendo de si lo atiende el IMSS-Solidaridad o el Programa de Atención Comunitaria (PAC).

El Consejo Nacional de Población (2000) señala que en México los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz e Hidalgo son las entidades federativas con grado de marginación muy alto, donde vive 20 por ciento de la población nacional. Esto es, 19.6 millones de personas, de las cuales 8.4 millones son menores de 18 años.

Esto, revelan los datos de Conapo, nos muestra que existe un nivel de discriminación al privar de servicios básicos a la población infantil, tal es el caso de Chiapas, en el que el 23 por ciento de niñas y niños menores a los 15 años es analfabeta y el 50 por ciento no terminó la escuela primaria.

GASTO INEQUITATIVO

Un aspecto que limita la evaluación del gasto público en la infancia es la forma en que se diseña y se asigna el gasto que afecta a niñas, niños y adolescentes, ya que la información está dispersa y por lo tanto es difícil identificarlo con exactitud. En ocasiones los datos son incluso desconocidos al interior de las propias instancias.

La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes no establece medidas o disposiciones respecto a políticas de inversión en programas sociales para la infancia que la protejan ante las eventualidades de la economía mundial y nacional.

Por su parte la Ley de Desarrollo Social, aprobada en 2004, establece una disposición que señala que el gasto público destinado a desarrollo social no podrá ser menor a la del año anterior, sin embargo esta disposición fue violada en el 2005 al aprobarse un nivel de presupuesto para este rubro inferior al de 2004.

En julio de 1998 el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF, junto con Unicef y la Secretaría de Relaciones Exteriores presentaron una propuesta para Instrumentar el Sistema Nacional de Seguimiento de la Aplicación de la Convención de los Derechos de la Niñez, la cual fue aprobada por el Presidente de la República, autorizando su instalación a través de un Decreto.

En 1994, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU emitió la primera recomendación al respecto para México en el sentido de crear un mecanismo de supervisión y vigilancia al cumplimiento de los preceptos y principios de la misma; todo esto ante el Primer Informe de Avances.

En el informe se evidenciaba la falta de coordinación entre los diversos esfuerzos públicos y privados de carácter nacional o local a favor de la infancia.

En agosto de 1998 el gobierno mexicano presentó el Segundo Informe sobre el avance de la aplicación de la Convención ante el Comité de los Derechos del Niños de la ONU, en el cual informaba que los Comités estatales que forman parte de este sistema habían sido instalados en siete estados de la República.

Frente a esto, el Comité de los derechos del niño de la ONU manifestó su preocupación por el hecho de que este sistema nacional operara solamente en siete estados del territorio del Estado Parte y emitió una recomendación.

En el 2002, la presión hacia el Gobierno federal por la instalación de los Comités se vio acelerada por dos elementos de coyuntura: la Reunión de Jefes de Estado de la Región en Panamá, cuyo tema central será la infancia y la Reunión de Primeros Ministros convocada por la ONU para renovar los compromisos de parte de los Estados frente a la Convención ahora con el tema de la agenda de la niñez para los próximos diez años.

El gobierno mexicano no quería asistir a estas reuniones internacionales sin ningún avance a la atención de la citada recomendación, de ahí su intención de apresurar la instalación de un mayor número de comités. Sin embargo, en el Informe del Gobierno Mexicano para la V Reunión Ministerial de Jamaica, de octubre de 2000, el gobierno sólo pudo dar cuenta de la aprobación en 1998 de la creación del sistema.

Sin especificar su funcionamiento o el número de estados con Comités instalados, aunque destacó como lección aprendida la Institucionalización de dicho sistema.
El Sistema Nacional de Seguimiento de la Aplicación de la Convención de los Derechos de la Niñez, con el que se encuentra comprometido el Estado mexicano se integra, al menos en la propuesta de: una Comisión Central Federal, dos Comités Temáticos y 32 Comités Estatales que deben a su vez instalar Comités similares en los ámbitos municipal y local.

En la propuesta se establece que su integración debe ser paritaria, es decir 50 por ciento por representantes de dependencias públicas y 50 por ciento por representantes de las organizaciones no gubernamentales.

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