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Padre de joven desaparecida inicia huelga de hambre

Por Gladis Torres Ruiz

/México, DF, 8 ago 12 (CIMAC).- Madres y familiares de jóvenes desaparecidas en el Estado de México (Edomex) instalaron un plantón en las inmediaciones del Senado, para exigir avances en la localización de sus seres queridos y reformas legales para atender los delitos de secuestro y trata de personas.

En esa protesta inició una huelga de hambre Alejandro Reyes, padre de María Bárbara Reyes Muñiz, desaparecida el 8 de agosto de 2011 en Cuautitlán Izcalli, a los 17 años de edad, cuando regresaba de inscribirse a su escuela preparatoria.

Durante 2011, en el Edomex se registraron 600 desapariciones de mujeres de entre 10 y 20 años de edad, de acuerdo con el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF).

En entrevista con Cimacnoticias a las afueras del Senado, el padre de la joven dijo que a un año de la desaparición de la joven no hay avances en las investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), y la Procuraduría General de la República (PGR), la cual hace unos meses atrajo el caso.

El padre de familia advirtió que mantendrá la protesta “hasta que el cuerpo aguante”, y hasta que los poderes Ejecutivo y Legislativo a nivel federal se comprometan a garantizar la recuperación de su hija y de 16 mexiquenses más separados de sus domicilios, en su mayoría mujeres de entre 16 y 24 años de edad.

Alejandro Reyes demandó que la administración federal entrante y saliente brinden a las instancias correspondientes todos los recursos necesarios para continuar la búsqueda y localización de su hija y las demás personas desaparecidas.

Hizo un llamado al Congreso de la Unión para que haga las reformas legales a fin de que se investiguen y se sancionen de manera eficaz los delitos de secuestro y trata de personas, además de que se protejan los derechos de las víctimas.

“Hoy tenemos deficiencias. Tenemos que ir a ministerios públicos mendigando la ayuda, porque no hay ninguna autoridad que haga las cosas”, acusó. Hasta el cierre de edición se esperaba que algún representante legislativo atendiera a las familias presentes.

La Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), organización que acompaña la búsqueda de Bárbara, señaló en un comunicado que le preocupa que las familias de las víctimas de desaparición tengan que llegar a una acción extrema, como la huelga de hambre

/Por su parte, Leticia Hernández Urrutia, madre de María Guadalupe Ortega Hernández, joven de 16 años que desapareció el 16 de julio de 2010 cuando se dirigía al dentista en la colonia Impulsora, municipio de Ecatepec, exigió la recuperación con vida de su hija, ya que hasta el momento no se sabe nada de ella.

La estudiante de vocacional no ha sido localizada a pesar de que su familia señaló como posible responsable a Alejandro Domínguez Niño, prefecto de la escuela de la joven.

Entre las madres de familia en las afueras del Senado también estaba Leticia Mora Nieto, madre de Georgina Ivonne, de 21 años, quien desapareció el 30 de mayo de 2011 en el municipio de Atizapán de Zaragoza, luego de que salió de compras a un mini súper.

Mora adelantó que ante la inacción de las autoridades del país, el próximo sábado ella se integrará desde Tijuana a la Caravana Binacional hacia Estados Unidos, organizada por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y la cual culminará el 12 de septiembre en la ciudad de Washington. Precisó que lleva 12 casos más de mujeres y niñas desaparecidas en el Edomex.

Alejandro Reyes recordó que el mismo día de la desaparición de Barbara se levantó la denuncia, pero las primeras investigaciones tardaron para ser ejecutadas entre tres y seis meses, sin resultado alguno.

El día de la desaparición, la madre de Bárbara recibió un mensaje de texto en su celular en el que desconocidos le pedían 500 mil pesos a cambio de su hija. Le exigieron que en cinco horas fuera a un paraje solitario en la autopista México-Querétaro, junto con sus otras hijas y su esposo, y que llevara sus dos camionetas con sus respectivos papeles.

Sin embargo no acudieron a la cita para no poner en riesgo a las demás mujeres de la familia.

A finales de septiembre de 2011, la familia recibió un correo electrónico con amenazas y la advertencia de que estaban siendo vigilados.

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