Resulta que no entendimos. Resulta que usted y yo y miles de ciudadanos y ciudadanas no entendimos la resolución contra Lydia Cacho que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación la semana pasada. Es que, dicen, «no es de fácil comprensión para grupos muy numerosos de la sociedad».
Pero no se apure. En su infinita sabiduría y paciencia y humildad, el Alto Tribunal difundió un boletín de prensa en el que nos hace el inmenso favor de explicarnos.
Para empezar, la Corte nos explica que tiene «empatía y sensibilidad con las causas que se le presentan, no obstante debe resolver todos los asuntos con estricto apego a derecho».
Una vez que entendimos eso, procede a señalar que «la seguridad de nuestro sistema constitucional descansa en el principio de legalidad y estricta aplicación de la Constitución».
¡De modo que toda la vida hemos vivido en el error!
No es cierto que en nuestro país se apliquen las leyes a modo del que paga o tiene el poder. ¡Cómo cree! Entérese. El nuestro es un sistema constitucional.
Tampoco es cierto que el nuestro sea un país de tíos y sobrinos, o de socios y compadres. ¡Cómo cree! Entérese. Lo importante no es a quién conoces, sino lo que dice la Constitución.
Menos es cierto que la Constitución sea un libro cuyo contenido se incumple todos los días. ¡Cómo cree! Entérese. Nuestro sistema descansa en el principio de legalidad.
Por eso no entendimos nada, porque somos tan ignorantes que no nos habíamos dado cuenta de tan elemental verdad.
Una vez que la Corte nos hace el favor de aclarar eso, lo demás es fácil de entender.
En la parte medular del boletín de prensa se lee: «Lo único que resolvió la Corte es que no quedó demostrado el concierto entre autoridades del Ejecutivo y Judicial del estado de Puebla para perjudicar a la periodista Lydia Cacho, lo cual no significa que otras autoridades no puedan o deban seguir adelante con la investigación de asuntos muy sensibles para nuestra sociedad; esto es, de nuestra resolución no deriva impunidad para quienes hayan cometido actos delictivos».
Ahí tiene usted. En un país cuyos cimientos se encuentran en el principio de legalidad y estricta aplicación de la Constitución, otras autoridades son «requetecapaces» de procesar legalmente a otras autoridades, sin importar que la Corte haya resuelto que no hubo colusión de autoridades y que la violación a las garantías individuales de Lydia no fue grave.
Lo que tenemos que hacer es simplemente esperar a que el Ministerio Público continué con las investigaciones, porque si encuentra –y no dude que su eficiencia e imparcialidad le permitan encontrar– pruebas que determinen alguna culpabilidad, procesará legalmente, sin dilación alguna, a la procuradora de justicia de Puebla o al de Quintana Roo.
Del mismo modo sólo hay que esperar que en la Cámara de Diputados federal tengan un tiempecito –ya ve que están súper ocupados- para solicitar a la Legislatura de Puebla el juicio político del góber precioso, perdón, del señor gobernador Mario Marín.
Ese juicio deben llevarlo a cabo las y los legisladores de Puebla, en su mayoría priístas como su gobernador. Pero no tenemos razón ni motivo alguno para la sospecha. Aquí, ya nos lo dijo la Corte, el principio de legalidad es el que se privilegia.
Y si encuentran el más leve indicio de que el señor gobernador cometió la ilegalidad (dios nos libre) de, por encima de sus facultades constitucionales, coludirse con otras autoridades (dios nos libre dos veces) para violar las garantías individuales de la periodista Lydia Cacho (dios nos libre tres veces), segurito lo ponen de patitas en la calle.
¿No lo cree? No se preocupe. Lo que sucede es que no lo entiende porque no es de fácil comprensión. Y eso no debe causarle mortificación alguna, porque los ministros y ministras de la Corte, desde su altura, entienden que eso significa que hicieron muy bien su trabajo.
«Que la Corte actué apegada a derecho –dice el boletín- a pesar de las voces sentidas de grupos de la sociedad, constituye la mejor garantía de un estado de constitucional derecho»
De modo que cada vez que le parezca lamentable ésta o alguna otra decisión de la Corte, respire profundo, es la garantía de un Estado de constitucional derecho. Y mientras más voces se levanten en contra de ésta o alguna otra resolución, ni se inmute, es la garantía de un Estado de constitucional derecho.
Y yo que pensaba que la resolución de la Corte contra Lydia Cacho era una de las peores infamias que se habían cometido contra la ciudadanía. ¡Qué ignorancia la mía! Gracias, señores ministros y señoras ministras, por explicarme que me siento indignada y desolada por idiota.
* Periodista y feminista en Quintana Roo, integrante de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género.
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