Los representantes de Inés Fernández Ortega -indígena tlapaneca, violada y torturada por militares en 2002- pedirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) que ordene al Estado mexicano realizar una investigación seria y efectiva de los hechos ocurridos, sancione a los responsables y se adopten medidas para evitar la repetición de esto sucesos.
Así lo dieron a conocer la Organización de Pueblos Indígenas Me’phaa (OPIM), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), en un comunicado luego de la conferencia de prensa que realizaron en Lima, Perú, donde demandaron que Inés y su familia puedan ser reparados y que se conozca la verdad de lo sucedido para que se sancione a los responsables.
Dichas peticiones son las que presentarán durante la audiencia ante la CoIDH sobre la demanda contra el Estado mexicano por parte de Inés Fernández, a celebrarse mañana en Lima, como parte de los trabajos del periodo extraordinario de sesiones de la CoIDH, instancia que también estudia una demanda contra Paraguay y otra contra Bolivia.
Las organizaciones que representan a Inés sostendrán ante este tribunal internacional que Inés y sus familiares sufrieron graves violaciones a sus derechos. Además enfatizarán que «a partir de esos hechos su vida cambió abruptamente, agravándose su sufrimiento por la impunidad en la que se mantiene el caso».
Durante la conferencia los defensores coincidieron en que «desafortunadamente el caso de Inés no es un caso aislado».
Existen otros casos de mujeres indígenas que han sido atacadas por elementos del Ejército mexicano, como el caso de las Hermanas González Pérez, indígenas tzeltales que fueron violadas en un retén militar en Chiapas, caso que actualmente se encuentra ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y el de Valentina Rosendo Cantú, que se encuentra en la CoIDH y cuya audiencia se celebrará el 27 y 28 de mayo.
Por otra parte, señalaron que la militarización que se da en el estado de Guerrero ha tenido como consecuencia la discriminación de las mujeres indígenas mexicanas, de ahí la relevancia de que el caso sea tratado en un momento en el que han aumentado considerablemente las violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército en todo el país.
ATENTA MIRADA INTERNACIONAL
Mientras esto sucedía en Lima, Perú, Amnistía Internacional México (AI) informó en un boletín que seguirá acompañando a Inés Fernández en su búsqueda de justicia, y observará que el Estado mexicano cumpla con sus obligaciones internacionales en este caso.
Además consideró imprescindible que el Estrado mexicano tome las medidas a nivel «doméstico» para garantizar que este tipo de abuso no vuelva a ocurrir y que asegure la debida diligencia en la investigación de casos de violencia contra las mujeres para que los responsables rindan cuentas.
De acuerdo con AI, durante de 8 años, Inés Fernández ha reivindicado la justicia y la reparación del daño, algo que le ha sido negado sistemáticamente por el Estado Mexicano. Ante la imposibilidad de conseguir justicia en México y la reparación del daño, Inés Fernández y sus familiares acudieron a la justicia internacional.
Este caso, que Amnistía Internacional ha documentado y seguido de cerca, «refleja una serie de faltas en la actuación de las instituciones civiles y militares que han resultado en la violación grave a los derechos humanos de Inés Fernández», además de la falta de investigación independiente e imparcial para llevar a los responsables ante la justicia y reparar el daño.
Por ello, el organismo internacional considera que la violación de Inés destaca nuevamente «la forma en que la jurisdicción militar obstaculiza el acceso a la justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas».
Cabe recordar que en diciembre de 2009, la CoIDH sentenció al Estado Mexicano en el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla y ordenó la reforma al Código Penal Militar para asegurar que los casos en que militares están implicados en abusos contra civiles sean de investigados y juzgados por la justicia civil.
10/AGM/LR/LGL
