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Pendiente garantizar seguridad de personas defensoras

Por Anayeli García Martínez
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Dedicarse a buscar a sus familiares desaparecidos, estar en contra de megaproyectos o defender la salud fueron causa suficiente para asesinar a mujeres defensoras

La violencia, los megaproyectos, las concesiones mineras, la tala de árboles son algunos de los problemas que durante los últimos seis años provocaron que personas defensoras de Derechos Humanos fueran agredidas, perseguidas y asesinadas.

Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto –que finaliza el 1 de diciembre– la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT) documentó el asesinato de 161 personas defensoras.

En el informe “Desde la Memoria… la esperanza”, la Red, que integra a 87 organizaciones defensoras de 23 estados de la Republica, destacó que durante el pasado sexenio el Estado mexicano no fue capaz de responder a la crisis de violencia contra las personas defensoras.

En seis años, indica las organizaciones, fueron agredidas las mujeres que trabajaron para denunciar el feminicidio, las desapariciones, la trata de mujeres con fines de explotación sexual o laboral pero también las que defendían la tierra y el territorio.

Ante la indolencia del Estado, ocurrieron casos como el de la defensora Sandra Luz Hernández, quien pertenecía a la organización Madres con Hijos Desaparecidos. En 2012 su hijo Édgar García Hernández fue desaparecido y desde entones inició una lucha para encontrarlo pero en mayo de 2014, mientras seguía una pista en Sinaloa, un individuo se le acercó y le disparó.

En Guerrero, Rocío Mesino, integrante de la Organización Campesina de la Sierra del Sur y defensora de presos políticos fue asesinada el 19 de octubre de 2013, cuando supervisaba los trabajos de rehabilitación de un puente dañado por los huracanes Ingrid y Manuel.

También en Guerrero, en marzo de este año, la integrante de la Red de Activistas Feministas y al Colectivo Camina Violeta en Guerrero, María Luisa Ortiz Arenas, fue desaparecida y su cuerpo fue entrado con huellas de golpes y violencia sexual.

En 2016, en el Estado de México, Cornelia San Juan Guevara, quien buscaba a su hijo Osvaldo Espejel Guevara, desaparecido desde agosto de 2012, fue asesinada cuando unos desconocidos entraron a su casa y le dispararon.

También en 2016, pero en la Ciudad de México, fue asesinada Alessa Flores, quien acompañaba y defendía a mujeres trans a través de Red de Jóvenes Trans.

Otro caso ocurrió en 2017 cuando la defensora de derechos laborales, Meztli Sarabia, originaria de Puebla, fue asesinada el 29 de julio de 2017, crimen que ocurrió tras ataques y amenazas contra el movimiento Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre.

El reporte de la RedTDT encontró que 40 por ciento de las personas asesinadas eran defensoras comunitarias, es decir, ejercían su derecho a defender Derechos Humanos en su comunidad o entorno más cercano. Gran parte de estos se enfocaban en la defensa de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales y la tierra y territorio.

Sin embargo, la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México alertó sobre un incremento de ataques contra las defensoras de los derechos sexuales y reproductivos.

El repunte se dio en el contexto del movimiento internacional Marea Verde que surgió en Argentina en demanda la legalización del aborto. Hasta agosto de este 2018 la Red registró dos casos de violencia contra defensoras del derecho a la maternidad libre y voluntaria, entre ellos el intento de asesinato contra Sandra Peniche Quintal, en marzo de este año.

Sin embargo, del 8 de agosto al 9 de octubre de este año, se perpetraron, al menos, ocho agresiones contra defensoras de los derechos sexuales y reproductivos, ejercidas contra grupos y colectivos. La ola de violencia tuvo lugar en al menos seis estados del país: la Ciudad de México, Jalisco, Baja California, Puebla, Chiapas y Nuevo León.

Ante estos casos y las acciones para inhibir la labor de las defensoras las organizaciones de Derechos Humanos esperan un papel activo del gobierno entrante para tomar medidas concretas y mejorar la situación para garantizar y respetar el derecho a defender derechos.

Por ejemplo, se deben atender las recomendaciones que en noviembre Amnistía Internacional envío a Andrés Manuel López Obrados, quien recomendó acciones a implementar durante los primeros 100 días en temas como: violencia contra niñas y mujeres; cuidado del medio ambiente; papel de la policía y las fuerzas militares en la seguridad pública; desaparición forzada; y personas que buscan asilo en México.

 

18/AGM

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