Hace unas semanas, el caso de una mujer de 25 años, procedente del norte de Argentina, a quien obligaban a prostituirse en Comodoro Rivadavia, en la Patagonia, coaccionada pues retenían y maltrataban a su hijo de dos años, llegó a la Red No a la Trata Argentina, gracias a que logró escaparse de su proxeneta junto con el niño.
No se trata de un hecho aislado pues, como dice el Departamento de Estado de Estados Unidos en su Informe 2006 sobre Trata de Personas, Argentina es prioritariamente un país de destino para la trata de mujeres y niños con fines de explotación sexual y laboral, sobre todo dentro del ámbito interno, desde zonas rurales a zonas urbanas, para ser explotadas en actividades de prostitución.
La Red No a la Trata Argentina informó que la mujer que escapó del proxeneta, de inmediato denunció en la Seccional Segunda que era obligada a prostituirse, mediante tratos violentos y en contra de su voluntad, que fue secuestrada y luego vendida a otro proxeneta que la llevó a Comodoro Rivadavia para alojarla en una vivienda del barrio La Floresta, lugar del que escapó.
Según información de la prensa local, el lugar del que escapó la mujer es propiedad de Arturo Suárez, alias el Menduco, quien junto con Segundo Ferreira, son los principales inculpados por prostitución y trata de personas en Comodoro Rivadavia.
La información dada a conocer hace referencia a que uno de los inculpados formaba parte de una red integrada presuntamente por funcionarios policiales, municipales y empresarios, la cual se espera sea confirmada en el juicio oral y público que se llevará a cabo y donde los presuntamente responsables tendrán la oportunidad de demostrar su inocencia o, caso contrario, sus responsabilidades en la misma.
Sin embargo por el hermetismo que otorgó al tema el Ministerio Público Fiscal, no se logró acceder a información oficial sobre el destino y la protección, tanto de la mujer que efectuó la denuncia como la de su hijo de corta edad. Tampoco se confirmó la identidad del proxeneta acusado de mantenerla en situación de esclavitud y secuestrada junto a su hijo.
LEY PENDIENTE
Existe fundado escepticismo sobre el destino de este proceso de denuncia pues el gobierno argentino figura en la Lista de Observación del Departamento de Estado de Estados Unidos, por no haber evidenciado mayores esfuerzos para combatir la trata respecto al año anterior (2005), especialmente en el área clave de los enjuiciamientos.
Y esto tiene también su origen en la ausencia de políticas sociales claras y de la inaplicabilidad de los tratados internacionales existentes, (que) son caldo de cultivo para que exista en forma importante hoy la trata, como dijo a la prensa argentina el juez César Raúl Jiménez, titular del Juzgado Correccional de Menores de la primera circunscripción judicial, en Posadas.
Argentina está adherida a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, desde 2001, pero ese compromiso, en el ámbito de las personas, no se traduce en hechos concretos, dice el juez, como la promulgación de una ley que tipifique el delito de trata de personas.
El proyecto de ley fue presentado al Congreso en agosto de 2005, pero aún no se promulga. El Senado argentino dio media sanción al proyecto de ley federal en diciembre de 2006, pero falta que los diputados la sancionen.
Sin embargo, organizaciones como la Red No a la Trata dicen que ésta presenta varios inconvenientes y que las organizaciones que se dedican al tema no fueron consultadas ni invitadas al debate, según información del portal ANRed.
Esta legislación pendiente define la trata como delito federal, por lo que es aplicable para personas que reclutan en una provincia y explotan a sus víctimas en otra.
Define a la trata de personas de acuerdo con las normas del Protocolo de las Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente de mujeres y niños, y aborda programas de protección y prevención.
El proyecto penaliza con cárcel, de tres a seis años y llega a los diez si el culpable fuere cónyuge o familiar directo, funcionario público o si interviene una organización delictiva. En caso de menores de edad, las penas pueden llegar a los 15 años de prisión.
Existe también en Argentina una Unidad Fiscal, creada en 2005, especializada en delitos contra la integridad sexual, la prostitución infantil y la trata de personas, pero, dice el Departamento de Estado norteamericano, a marzo 2006 todavía no operaba.
De igual forma, el gobierno no cuenta con refugios, ni centros de salud que se especialicen en asistir a las víctimas de trata, dice el Departamento de Estado de EU, pero las oficinas del gobierno argentino capacitaron a funcionarios provinciales y municipales y lanzaron una campaña de concientización nacional en medios radiales y televisivos con respecto a la violencia contra las mujeres y a la trata de personas.
Pero mientras la ley y los procedimientos de aplicación se cocinan, La Casa del Encuentro, espacio feminista, social y cultural, con sede en Buenos Aires, realiza los días 3 de cada mes, desde abril de 2007, una movilización frente al Congreso de la Nación, para la aparición con vida de las mujeres, niñas y niños que desaparecen en las redes de trata con fines de prostitución.
07/GT/GG/CV
