Familiares de Lorenzo Fernández Ortega, integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa (OPIM), hallado muerto y con huellas de tortura el pasado 10 de febrero en Ayutla de los Libres, Guerrero, exigieron al gobierno del estado una investigación a fondo para esclarecer el crimen, castigo a los responsables y apoyo a su viuda e hijos.
Lorenzo, de 39 años de edad, era el hermano mayor de Inés Fernández Ortega, una mujer Me´phaa que fue violada sexualmente por soldados del Ejército Mexicano en marzo de 2002 y cuyo caso que se encuentra en espera de la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a donde acudió el 12 de octubre de 2007 ante el estado de impunidad y la falta de acceso a la justicia que prevalece en México, informa en un comunicado el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan.
El indígena me´phaa era también vecino de El Camalote, comunidad en donde una brigada médica de la Secretaría de Salud esterilizó de manera forzada a 14 indígenas en 1998 y que actualmente siguen en espera de ser indemnizados por las autoridades como recomendó la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Codehum) y rectificó el año pasado la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Asimismo, los familiares de Lorenzo denunciaron que a raíz de su muerte, tanto ellos como algunos integrantes de la OPIM que han alzado la voz para pedir «justicia» y que el asesinato no quede en la impunidad, están siendo intimidados y hostigados por «hombres desconocidos», que «visten de negro y andan armados o hacen recorridos en vehículos con vidrios polarizados» en su comunidad de El Camalote, municipio de Ayutla de los Libres.
La viuda de Lorenzo, Modesta Cruz Victoriano, pidió a las autoridades que se investigue la muerte de su esposo «porque él no tenía problemas con nadie, sólo ayudó para organizar a la gente que esterilizaron, los acompañaba a Ayutla… sí me dijo que había hombres que lo invitaban a comer, que lo invitaban a tomar, pero él no iba».
Dijo la señora que hasta hoy no ha habido ningún acercamiento del gobierno del estado hacia su familia, «por eso pedimos justicia y apoyo para mis hijos, no tenemos hijos grandes para sembrar y él (Lorenzo) ya no va a volver… y pues él no murió nada más así, sino que el mismo gobierno sabe».
Como miembro de la OPIM (una organización de Ayutla que reivindica, lucha y pone en práctica los derechos humanos), Lorenzo participó activamente en la lucha que emprendieron sus familiares y compañeros para denunciar en foros internacionales el ataque sexual que sufrió Inés, ante el encubrimiento del Ejército con los militares responsables; y también fue una pieza clave en la organización de los 14 indígenas esterilizados.
El cuerpo de Lorenzo fue hallado sin vida y con huellas de tortura el domingo 10 de febrero, en un río que cruza la cabecera municipal de Ayutla, en donde se empleaba desde hace tres años como albañil, para mejorar el sustento de sus dos hijos y esposa a quienes visitaba cada fin de semana en El Camalote.
El 22 de febrero, la prestigiosa organización de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) mediante una Acción Urgente que emitió, pidió al Gobierno Mexicano investigar el asesinato de Lorenzo y castigo para los responsables. Asimismo demandó garantías de seguridad para sus familiares y para la dirigente de la OPIM, Obtilia Eugenio Manuel quien días atrás recibió llamada telefónicas en donde le advertían de la muerte de algunos de sus compañeros.
Por su parte, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, explicó que la muerte de Lorenzo «se circunscribe en un contexto de persecución, amenazas e intimidación sistemática contra Inés y su esposo Fortunato Prisciliano Sierra, su familia y contra Obtilia, quien cuenta con medidas cautelares por parte de la CIDH, y han apelado al Sistema de Interamericano de Derechos Humanos para exigir justicia y castigo a los militares que violaron a Inés y también a la indígena Me´phaa, Valentina Rosendo Cantú, en 2002».
HOMBRES DE NEGRO
De acuerdo con el hermano menor de Lorenzo, Ocotlán Fernández Ortega, consultado en El Camalote, a raíz el asesinato, su familia y algunos integrantes de la OPIM, son acosados por «hombres de negro, nos persiguen», «vienen aquí a la comunidad. Se paran cerca de nuestra casa, varios compañeros los ven, algunos los han visto armados».
Contó que a él lo abordó un hombre de unos 25 años aproximadamente en Ayutla, cuando acudió a recoger el acta de defunción de Lorenzo, «me hizo varias preguntas, que de dónde era, que por qué tenía yo botas tipo militar, que si había sido policía o soldado, que dónde trabajaba, luego se fue y vi que se acercó a una camioneta gris con vidrios polarizados que estaba ahí cerca y hablaba con otros hombres».
«Después el mismo hombre se quiso subir a la camioneta pasajera que va a El Camalote y la gente le preguntó que a dónde iba, él contestó que hasta donde llegara la camioneta; pero como nadie lo conocía y todos pensaron que quería hacer algo malo, lo bajaron ala fuerza… para nosotros eso pasa porque nos andan persiguiendo, nos siguen a todos lados, por eso exigimos a las autoridades que se investigue la muerte de Lorenzo, porque él no se murió de enfermedad», dijo Ocotlán.
El sobrino de Lorenzo, Taurino Santiago Fernández, coincidió en que se trata de un «hostigamiento por parte del gobierno», «y nos llegan pues rumores de que dicen que van a acabar con la familia de Lorenzo y con la organización». Denunció que no han podido actuar contra «los hombres de negro que vienen a intimidar, porque el comisario del pueblo no quiere apoyarnos, no quiere a la organización».
También afirmó Taurino Santiago que a todas estas anomalías se suman las irregulares de la Agencia del Ministerio Público, porque en los datos del acta ministerial, «no coincide la hora en que fuimos, y luego dicen que no quisimos que le hicieron el examen (necropsia), pero eso no es cierto, nunca nos preguntaron nada, nomás nos dijeron que si llevábamos la caja para traerlo, pero nunca nos dijeron del examen y ahora las autoridades dicen que no los dejamos».
NINGUNA AUTORIDAD SE PREOCUPA
El director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, consideró que «es urgente una modificación al sistema de procuración de justicia que asuma el compromiso de ser el representante verdadero de la sociedad agraviada, que realice una investigación profesional y se identifique con el clamor legítimo de las victimas que demandan justicia y castigo a los responsables».
Demandó asimismo a las autoridades estatales y federales que «garanticen la seguridad de los familiares de Lorenzo y de Obtilia Eugenio y cumpla con los compromisos internacionales de apoyar y respetar el trabajo de los defensores de derechos humanos, de parar la violencia atacando las causas estructurales del conflicto social que enfrentan los pueblos indígenas con el Estado, enraizado en la pobreza, discriminación y persecución política».
Barrera Hernández citó que desde la masacre de El Charco, donde murieron 14 indígenas a manos del Ejército en la región de Ayutla, «ninguna autoridad del nivel federal y estatal se han preocupado por contener la violencia que sigue cobrando varias vidas de indígenas Na´savi (mixtecos) y Me´phaa (tlapanecos).
Por el contrario, se alienta la impunidad y la permisividad entre los grupos de poder que siguen recurriendo a la violencia como la forma más eficaz para impedir el crecimiento de organizaciones sociales independientes que han levantado la voz para denunciar la militarización y las graves violaciones a sus derechos humanos»
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