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Persiste indolencia de autoridades ante ataques a defensoras

Por Anayeli García Martínez
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Mientras las mujeres siguen siendo agredidas, hostigadas y juzgadas moralmente por su labor periodística o activismo, el gobierno federal y de los estados no han tomado acciones al respecto, por lo que es necesario que al menos incluyan la perspectiva de género en los protocolos de investigación y en las medidas de protección.
 
La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos afirmó que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU evidenció en el reciente Examen Periódico Universal (EPU) a México, que las mujeres que defienden causas sociales, así como las que ejercen el periodismo son agredidas sin que haya suficiente atención a este flagelo.
 
Ante este desdén por las defensoras de Derechos Humanos (DH) y las periodistas, integrantes de la Red pidieron al gobierno federal y a los estados que generen información desagregada por sexo y etnia, y que impulsen la elaboración de un protocolo de investigación y medidas de protección con perspectiva de género.
 
En conferencia de prensa, las activistas Yésica Sánchez Pérez, Cristina Hardaga Fernández, Graciela Ramos Carrasco y Yunuhen Rangel Medina, dijeron que periodistas y defensoras enfrentan riesgos distintos a los de sus colegas varones, ya que en su labor cuestionan normas socioculturales, tradiciones, percepciones y estereotipos.
 
Hardaga Fernández, integrante de Asociadas por lo Justo (Jass, por sus siglas en inglés), explicó que en el caso de las defensoras de DH persisten los arrestos, maltratos, tortura, fabricación de expedientes, condenas injustificadas, estigmatización, ataques, amenazas a la familia, violencia sexual y asesinatos.
 
Además resaltó que el pasado 23 de octubre en Ginebra, Suiza, durante la realización del EPU, los países emitieron 25 recomendaciones relacionadas a periodistas y defensores, de las cuales dos se referían a incorporar el enfoque de género en el combate a la impunidad y en un protocolo de investigación.
 
Yunuhen Rangel, coordinadora del Programa de Libertad de Expresión y Género de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC), afirmó que reconocer los riesgos de las comunicadoras es el primer paso para que las autoridades atiendan la violencia, combatan la impunidad e implementen acciones preventivas.
 
Sobre este tema, Graciela Ramos, coordinadora de la organización Mujeres por México, destacó que Chihuahua es uno de los estados donde las activistas han sido amenazadas y asesinadas, o bien obligadas al exilio.
 
Como ejemplo mencionó el asesinato de Marisela Escobedo, un caso donde no hay justicia, toda vez que no se sabe quién fue el agresor; además destacó que como este caso hay muchos otros que siguen impunes.
 
Mientras tanto, Felícitas Martínez, consejera de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de Guerrero, criticó que las autoridades no hagan justicia en los casos de activistas y que por otra parte las acusen de cometer delitos, como sucedió con la líder comunitaria Néstora Salgado, quien está en prisión por el supuesto delito de “secuestro agravado”.
 
Además Yésica Sánchez Pérez, directora de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad-Oaxaca, criticó los errores en las diligencias periciales al investigarse las agresiones, lo que deriva en que las autoridades no tengan pruebas para encontrar a los culpables.     
 
De acuerdo con datos de la Red, de 2010 a 2012 se registraron 25 asesinatos de defensoras de DH y tan sólo en 2012 se registraron 118 agresiones y siete asesinatos de activistas humanitarios, y en el 99 por ciento de los casos denunciados no había consignaciones, por lo que las agresiones quedan impunes.
 
De 2002 a 2012 se incrementó en 300 por ciento la violencia contra las mujeres periodistas, según el “Informe diagnóstico Violencia contra mujeres periodistas 2010-2012”, elaborado por CIMAC.
 
Las defensoras destacaron que en algunos casos las activistas fueron agredidas en más de una ocasión, a pesar de contar con medidas cautelares o provisionales por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ante ello, demandaron que se refuercen los mecanismos de protección.
 
13/AGM/RMB

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