Para disminuir la carga de peticiones de divorcio, que suman tres millones y medio, y que esperan sentencia desde hace años, el Gobierno peruano trasladó del Poder Judicial hacia unos 2 mil municipios y más de 500 notarías la responsabilidad de resolver los casos de divorcio por mutuo acuerdo.
Así lo informaron agencias internacionales quienes, de acuerdo con estimaciones oficiales, son optimistas respecto a la llamada Ley de divorcio express, aprobada el 15 de julio pasado, ya que tiene previsto que en los primeros meses unas 80 mil parejas puedan beneficiarse con la nueva norma.
La agencia de noticias SEMlac, señala que la nueva Ley simplifica a menos de tres meses los trámites de divorcio, que antes duraban hasta 10 años, y autoriza a municipios y notarías a realizarlos. Los municipios deben acreditarse previamente ante el Ministerio de Justicia y habilitar ambientes especiales para atender a las parejas.
Mientras que las notarías no requieren acreditación especial puesto que están autorizadas por el Ministerio a brindar servicios legales, pero sí deberán contar con ambientes especiales para realizar este trámite, según la congresista Rosario Sasieta, promotora de la norma.
El Ministerio está adoptando algunas normas de supervisión especiales para evitar títulos notariales falsos, una práctica bastante común en este país, afirma SEMlac, en su despacho.
En ese sentido, la ministra de Justicia, Rosario Fernández señaló que esta ley no pretende promover el divorcio, busca resolver los conflictos de las y los ciudadanos de la mejor manera posible.
«Al emitirse esta norma no se promueve la separación de cuerpos o el divorcio, sino se evita que las personas sean sometidas a procesos que resultan siendo tan dolorosos como la separación», afirmó a los medios de comunicación locales.
Si se considera que en el país existen mil 833 municipios distritales, 195 provinciales y 538 notarías, se puede señalar que más de dos mil 500 operadores podrían convertirse en alternativas al Poder Judicial.
La Ley del Divorcio Rápido fue dictada con la finalidad de descargar al Poder Judicial, ya que hasta el 60 por ciento de la carga procesal proviene de juicios de divorcio. No obstante, su aprobación ha sido objeto de muchas críticas de parte de sectores conservadores y de la Iglesia Católica, bajo la acusación de que atenta contra la familia.
Sin embargo, no se aplica a todas las parejas que deseen divorciarse. Los requisitos son estrictos: las parejas deben tener más de dos años de casadas, no tener hijos menores de edad y, en caso de tenerlos, contar con sentencia judicial o acta de conciliación estableciendo los regímenes de visita, patria potestad y manutención.
Además, no deben tener bienes sujetos al régimen de sociedad de gananciales (bienes comunes) o, en caso contrario, contar con escritura pública de sustitución o liquidación del régimen patrimonial inscrita en los Registros Públicos.
Cabe destacar que las y los peruanos que residen en el exterior y que deseen finalizar su matrimonio con una ciudadana o ciudadano que viva en este país, podrán acogerse al divorcio rápido acercándose al Consulado peruano del país de residencia. Incluso quienes se encuentran en calidad de ilegales en el país extranjero podrán hacerlo, afirmó Rosario Sasieta.
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