Hoy se cumple un año del asesinato de la defensora de Derechos Humanos, Marisela Escobedo y mientras la Fiscalía General de Chihuahua informó que ya localizó el arma con la que fue asesinada y que el presunto culpable está muerto, organizaciones civiles acusaron que aún persiste impunidad en el caso.
Ayer, 15 de diciembre, la Fiscalía emitió un comunicado donde informó sobre «nuevos avances» en la carpeta de investigación 21783/10, abierta el 16 de diciembre de 2010 en la ciudad de Chihuahua, por el asesinato de la activista.
El 16 de diciembre de 2010, Marisela Escobedo fue asesinada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua. Había permanecido ahí varios días para exigir justicia por el asesinato de su hija Rubí Marisol Frayre, asesinada en 2008 a los 16 años de edad.
Después de un año de no rendir informe alguno sobre los avances de la investigación, fue hasta el día de ayer que la dependencia anunció que mantiene la operación de un grupo especial supervisado por el Fiscal de la zona Centro, Carlos Mario Jiménez Holguín, quien ha dado seguimiento al caso de Marisela Escobedo.
Sin dar más detalles, la Fiscalía aseguró que recientemente localizó el arma de fuego calibre 9mm y que de acuerdo con los estudios de balística realizados, se comprobó que ésta se utilizó para matar a Marisela y a otras 12 personas en la ciudad de Chihuahua.
El vocero de la Fiscalía, Carlos González Estrada, aseguró que varias pistas indican que Héctor Miguel Flores Morán, alias «El Payaso», fue quien disparó a Marisela.
El funcionario informó a medios de comunicación locales que el retrato hablado del presunto homicida coincide con Flores Morán y que «hay otros detalles» de la investigación en los que hay muchas coincidencias, pero están corroborando la información.
Mientras las autoridades dan cuenta de avances en la investigación, las organizaciones civiles como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, condenaron los hechos y continúan reclamando justicia para Marisela.
Hoy por la mañana estas organizaciones, junto con un amplio grupo de defensores de derechos humanos, se reunieron frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua para realizar un Tribunal de Conciencia que condenó al Estado por la falta de justicia ante el asesinato de Marisela, su hija, y decenas de mujeres más.
Las organizaciones condenaron que en la entidad no se garantice la justicia ya que la impunidad ha propiciado que continúen los asesinatos contra las mujeres y niñas, como fueron los casos de Susana Chávez, Josefina Reyes y Paz Rodríguez.
Esta falta de justicia, denunciaron, permitió que el pasado 2 de diciembre un desconocido atentara contra la vida de una de las fundadoras de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, Norma Andrade, quien se encuentra en recuperación.
«Ninguno de estos casos son aislados, se circunscriben en un contexto de impunidad sistemática», manifestaron las y los activistas.
Para las defensoras chihuahuenses el asesinato de Marisela frente al Palacio de Gobierno estatal, representa un grave y peligroso mensaje por parte de quienes la asesinaron: «la supremacía de la delincuencia organizada frente a los poderes institucionales y la desprotección de quienes en el futuro quieran utilizar esos espacios públicos para reclamar justicia».
Reclamaron que el gobierno de la entidad fronteriza no ha generado las condiciones para que dejen de reproducirse este tipo de hechos y por el contrario «muestra una incapacidad para proteger y garantizar el derecho a las mujeres a una vida libre de violencia».
Sobre las declaraciones del funcionario de la Fiscalía, Carlos González Estrada, las organizaciones señalaron que sus afirmaciones las dejan en mayor incertidumbre debido a que no queda claro cuáles fueron las causas que desencadenaron este asesinato que calificaron de infame.
Es así que demandaron el esclarecimiento de los hechos de violencia contra las mujeres y las agresiones a defensoras y defensores de Derechos Humanos, a partir de una investigación pronta, expedita y con la debida diligencia, en donde se sancione al o los responsables.
11/AGM/LGL
