Organizaciones civiles exhortaron a la Procuraduría General de la República (PGR) a que atraiga los 216 casos de violaciones a Derechos Humanos (DH) cometidos por militares, reconocidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) así como las investigaciones por violación sexual de las indígenas tlapanecas Inés Fernández y Valentina Rosendo.
En conferencia de prensa las agrupaciones que han litigado casos en instancias internacionales, pidieron a la PGR ser congruente con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y atraer todos los casos de violaciones a DH que involucran a elementos castrenses y que actualmente son investigados en tribunales militares.
Los Centros de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Tlachinollan, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos, exigieron a los jueces civiles y militares acatar la interpretación de la SCJN.
Este llamado se dio luego de que esta mañana –y tras cinco sesiones de discusión– el pleno de la SCJN ratificó la interpretación que hizo el pasado martes sobre la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en el caso de desaparición forzada del líder social Rosendo Radilla Pacheco, en la que señaló que se debe restringir el fuero militar.
Aunque las organizaciones calificaron este hecho como histórico ya que constituye un paso importante a favor de las víctimas y en contra de la impunidad, señalaron que ahora el reto futuro será ver de qué forma se acata la interpretación que hicieron los ministros mexicanos.
Al respecto, la organización de DH Amnistía Internacional señaló que la interpretación del máximo tribunal del país sienta un precedente importante por lo que también instó a la PGR a asumir esta decisión e investigar las denuncias de violaciones a DH cometidas –en el pasado y actualmente– por las fuerzas armadas.
PENDIENTES LEGISLATIVOS
Los representantes de las organizaciones recordaron que el Congreso de la Unión aún debe reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar como lo señaló la CoIDH en las sentencias condenatorias de Rosendo Radilla, Inés Fernández,
Valentina Rosendo, y Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera.
Desde 2007 a la fecha, se han presentado cinco iniciativas en la materia en el Congreso de la Unión que buscan limitar los alcances del fuero militar. Tres de ellas fueron presentadas por legisladores en 2007. Dos más fueron en 2010.
Una de estas iniciativas es la que envió al Senado el titular del Ejecutivo, Felipe Calderón. El 19 de octubre del 2010 envió esta iniciativa para reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar que propone excluir de la jurisdicción militar los delitos de desaparición forzada, violación y tortura; sin que hasta ahora se haya dictaminado.
La abogada del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Jaqueline Sáenz, afirmó que esta iniciativa no es acorde con las sentencias de la CoIDH por los casos de los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera .
Por su parte, el director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Juan Carlos Gutiérrez, recordó que actualmente se discute en la Cámara de Diputados la Ley de Seguridad Nacional, la cual pretende darle más facultades a las Fuerzas Armadas.
«Con la interpretación de la SCJN no se puede aprobar una ley de seguridad nacional con estas condiciones», ya que afirmó que la discusión está acabada con la resolución de la SCJN.
Al respecto, Santiago Aguirre, dijo que se debe restringir el fuero militar para transparentar el actuar de las Fuerzas Armadas e implementar controles civiles sobre éstas. Asimismo afirmó que no se pide que desaparezca el fuero militar, sino que los tribunales castrenses no investiguen las violaciones a DH porque esto «re-victimiza» a las víctimas.
11/AGM/LGL
