La periodista Anabel Hernández, de la revista Reporte Índigo, presentó ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) una queja porque el Secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, declaró que la demandaría y puso en riesgo la vida de sus familiares y de ella misma, pero en respuesta el Ombudsman nacional solicitó al mismo funcionario «medidas cautelares de protección» para ella, «ante el temor fundado» de que sea víctima de hechos contra la seguridad, la integridad física y la libertad de expresión de ella y familiares».
La periodista realizó el trabajo titulado «Construye García Luna su nueva residencia en Tlalpan», publicado en su medio el 27 de marzo y que consiste en una investigación sobre la casa que el funcionario construye en el fraccionamiento Jardines de la Montaña, al sur de la ciudad, cuyos costos no corresponden con sus declaraciones patrimoniales.
Anoche por medio del boletín CGCP/048/09, la CNDH informó que «mediante oficio emitido por la Quinta Visitaduría General de la CNDH, este Organismo nacional hizo del conocimiento del titular de la SSP que, las declaraciones del funcionario en entrevistas concedidas en algunos noticiarios refieren que los escritos periodísticos de la quejosa forman parte de una campaña orquestada por el crimen organizado, así como su pretensión de demandarla por ataques a su vida privada y por poner en riesgo la vida de sus familiares».
En tal sentido, continúa el boletín, la periodista considera que «los hechos mencionados pueden poner en riesgo su vida, la de su familia, la integridad de su hija y de manera particular su estado de gravidez, como consecuencia de haber ejercido su derecho a la libertad de expresión, por lo cual solicitó a esta Comisión Nacional se instrumenten las medidas cautelares».
DESCUBIERTO
Al filo del mediodía, el mismo en que se publicó el trabajo de Hernández, García Luna llamó a distintos noticieros de la radio para denunciar la presunta frustración de lo que se presumía era un atentado contra su familia, señala Reporte Índigo.
«Nada fue cierto. Bastaron unos minutos para conocer la realidad. Los presuntos «secuestradores» eran dos reporteros de TVC, Televisión por Cable», Rosendo Alejandro Flores y Juan Lorenzo Jaime de la Torre, quienes buscaban tomar imágenes de la residencia denunciada valuada en 20 millones de pesos, exhibida esa mañana por Reporte Indigo.
«Y a pesar de que los comunicadores y los directivos de TVC, en ejercicio de su libertad de expresión, acreditaron plenamente su identidad, fueron detenidos» junto con un taxista que les brindaba servicio, y trasladados a las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PRG) en Azcapotzalco, donde tardaron quince horas en liberarlos.
La petición de medidas cautelares para Anabel Hernández, dice la CNDH en su boletín de anoche, tiene su fundamento en lo dispuesto en los artículos 3º, 6º, fracción II y 40 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como 116, 117 y 118 de su Reglamento Interno, con el fin de evitar la consumación de hechos violentos de difícil o imposible reparación, explica el boletín.
La Secretaría de Seguridad Pública federal cuenta con tres días naturales para informar a la CNDH respecto de la aceptación de las medidas cautelares que se solicitan, así como para explicar en qué consistirán las mismas.
09/GG
