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Pide legislativo decreto para cumplir sentencia por Feminicidio

Por Gladis Torres Ruiz

El pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, lanzó un llamado al titular del Ejecutivo Federal, para que emita un Decreto para dar cumplimiento cabal, en tiempo y forma, a todos y cada uno de los resolutivos de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), por el feminicidio de Campo Algodonero.

Lo anterior luego de que el 11 de agosto, legisladoras y legisladores aprobaron por votación económica el dictamen de la proposición con Punto de Acuerdo presentado el 21 de julio pasado por las integrantes de la Comisión Especial de Feminicidios de la Cámara de Diputados.

En el dictamen realizado por la Primera Comisión de Gobernación, Puntos constitucionales y Justicia de la Comisión Permanente, además se exhorta al Ejecutivo Federal a considerar de manera particular el resolutivo referente al pago de indemnizaciones y restitución de gastos y costas a las familiares de las víctimas de feminicidio que motivaron la sentencia.

Así como de todas aquellas medidas que garanticen la reparación integral establecida por el Tribunal Interamericano.

El 10 de diciembre de 2009, la CoIDH publicó la sentencia que condena al Estado mexicano por no prevenir, investigar, ni actuar con celeridad para erradicar la violencia contra las mujeres en Ciudad Juárez.

De la cual hasta el momento, tanto legisladoras como organizaciones de la sociedad civil, han denunciado que el Estado, a través de sus instituciones no ha dado cumplimiento cabal, salvo el resolutivo que ordena la publicación de la misma en diferentes medios de comunicación y la página Web de instancias gubernamentales.

En el dictamen aprobado el 11 de agosto, se considera que las violaciones a los derechos humanos en el caso del feminicidio corresponden a violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos de las mujeres y las niñas.

Por ello, al no ser posible restituir íntegramente estos derechos a las víctimas, la reparación del daño que señala la sentencia de la CoIDH, debe realizarse como parte de un proceso de hacer justicia, y conocer la verdad.

Además de conseguir, a través de medidas positivas, que los hechos perniciosos violatorios de los derechos humanos de las mujeres no se repitan.

De igual manera, en el dictamen se reconoce que los instrumentos internacionales suscritos por México, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establecen claramente la obligación del Estado de respetar los derechos y libertades reconocidos en éstos.

Así como de garantizar su libre y pleno ejercicio, de tal forma que toda violación que pueda ser atribuida de acuerdo con las normas del derecho internacional, a una acción u omisión de cualquier autoridad pública sea local o federal, constituye un acto de responsabilidad del Estado mexicano.

Se reafirma que según el Artículo 28 de la Convención, el Gobierno Federal responde en la esfera internacional por los actos practicados por las entidades que componen la federación.

Teniendo la obligación principal “respecto a las disposiciones relativas a las materias que corresponden a la jurisdicción de las entidades componentes de la Federación”.

“Por lo que deberá de tomar de inmediato las medidas pertinentes, a fin de que las autoridades competentes de dichas entidades puedan adoptar las disposiciones del caso”.

10/GTR/LR/LGL

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