Organismos no gubernamentales exigieron hoy la renuncia inmediata de la procuradora de Justicia del Estado, Lizbeth Caña Cadeza y de la fiscal especial para la atención de delitos contra la mujer, Aída Gómez Piñón, por su actitud negligente ante los asesinatos y desaparición de mujeres.
Lo anterior, luego de que la procuradora de justicia de Oaxaca minimizó la denuncia realizada por la Liga Mexicana para la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH) quien señaló que en los últimos 11 meses han desaparecido 12 mujeres en Oaxaca: «realmente nos inquieta el asunto (pero) tal como lo plantea LIMEDDH no es precisamente en ese sentido», dijo la procuradora en una entrevista.
Esta misma mañana, en la radio local, Caña Cadeza insistió al asegurar que la violencia contra las mujeres «en Oaxaca no es grave, Oaxaca ocupa los últimos lugares en las cifras», a pesar de que ayer una joven de 16 años apareciera asesinada en el panteón municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, municipio conurbado a esta capital, con lo que suman 23 asesinadas en menos de un año.
En respuesta, las organizaciones afiliadas al Colectivo Huaxyacac protestaron hoy en el Paseo Juárez «El Llano». Ana María Hernández apuntó que el «tan de moda»– Bicentenario del Benemérito de las Américas «está manchado con la sangre de las mujeres asesinadas en México» y expusieron que la respuesta de la procuradora «denota una profunda ignorancia».
Dijeron que el asesinato por violencia patriarcal de estas mujeres -3.5 cada mes en los últimos 11 meses en Oaxaca- constituye un indicador de la política «negligente, de minimización e impunidad con que el gobierno del estado y sus instituciones de procuración e impartición de justicia tratan este grave fenómeno».
En la lectura del documento en que pidieron el cese inmediato de las funcionarias, explicaron que a pesar de que Caña Cadeza señala que no es preocupante la violencia contra las mujeres, anunció la creación masiva de fiscalías regionales para atender los delitos contra ellas «es decir, está creando instituciones que desde su discurso no tienen razón de ser».
Demandaron también que el Congreso local ejerza su función fiscalizadora del poder ejecutivo para llamar a cuentas a la Procuraduría y la Fiscalía Especial.
Y ratificaron las demandas hechas en marzo pasado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el sentido para que, en un plazo de seis meses, elabore un programa estatal de prevención, atención y sanción de la violencia acorde las convenciones internacionales para la protección de las mujeres.
Por último, hicieron un llamado a la ciudadanía, a las familias de las víctimas, a las mujeres y los hombres para que el próximo 25 de mayo se unan a la marcha por la dignidad y contra la violencia patriarcal, en el marco del primer aniversario de la creación de la Fiscalía Especial para Atender los Delitos contra las Mujeres.
05/SJ/MR
