Miguel Carbonell, integrante del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), instó al Raúl Plascencia Villanueva, Ombudsman nacional, a que ejerza su facultad de promover una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra las legislaciones locales que penalizan el aborto y limitan los derechos reproductivos de las mujeres.
En un comunicado, Carbonell señaló que de acuerdo con los tratados internacionales de derechos humanos firmados por México, que establecen el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo en materia de maternidad, está prohibido penalizar la interrupción voluntaria del embarazo.
Según el investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), dichos acuerdos nacionales prohíben penalizar la interrupción voluntaria del embarazo, como regla general.
Asimismo, apuntó que la SCJN definió en 2007, por mayoría de ocho de sus integrantes, que la Constitución mexicana reconoce un espacio más o menos amplio (pero en todo caso generoso), para que las mujeres puedan decidir sobre la interrupción voluntaria de un embarazo. Por lo que aclaró que las reformas locales citadas irían en contra de este criterio del máximo tribunal del país.
Sin embargo, no se puede dejar de lado que el 24 de mayo de 2007 la CNDH, bajo la dirección de José Luis Soberanes, presentó una acción de inconstitucionalidad contra la despenalización del aborto en la Ciudad de México, lo cual sorprendió porque se refutaba una ley que implicaba un reconocimiento de más derechos para las mujeres.
A pesar de ello, la CNDH expuso que el Artículo cuarto Constitucional, que reconoce el «derecho a la procreación» y a la libertad reproductiva, corresponde «a la pareja» y no sólo a la mujer, por lo que -con base en la interpretación que hizo el entonces Ombudsman nacional- ella no puede tener derecho a decidir ante un embarazo no planeado o no deseado.
En respuesta a la solicitud, Plascencia Villanueva, prometió estudiar a detalle el tema de las reformas a las constituciones locales que penalizan el aborto para «estar en capacidad de pronunciarse» sobre una posible acción de inconstitucionalidad.
Por otro lado, Carbonell afirmó que en temas polémicos como este, la mayor parte de países democráticos han optado por llevar la decisión hasta la mesa de sus jueces constitucionales.
Aclaró que en países como Estados Unidos, España, Colombia y México, los jueces han decidido, con fundamento en el derecho aplicable y no en consideraciones metafísicas o religiosas, sobre el ámbito constitucionalmente protegido a favor de las mujeres y de su libertad de decisión.
«Las reformas realizadas en 16 entidades federativas suministran una nueva oportunidad para que la Suprema Corte se pronuncie al respecto, una vez que haya sido instada para ello por la CNDH», manifestó el jurista.
09/AGM/PBC/LGL
