Urgen nuevos protocolos que protejan y den seguimiento a los casos de mujeres migrantes víctimas de violación sexual en territorio mexicano, instaron especialistas en el simposio “Feminización de las migraciones y Derechos Humanos”, realizado en la UNAM.
Seis de cada 10 mujeres migrantes, en su mayoría centroamericanas que cruzan la frontera sur de México para ir a Estados Unidos, son violadas, de acuerdo con el documental “Los invisibles-Seis de cada Diez”, dirigido por Marc Silver y Gael García Bernal, el cual fue proyectado durante el evento.
Para las migrantes se ha normalizado el que sean sujetas de violencia sexual por parte de los hombres residentes en las comunidades de transito, sus compañeros migrantes, e incluso los oficiales de migración, denunció la abogada Andrea Medina Rosas, experta en violencia de género.
La especialista abundó que en los pocos casos en los que las mujeres deciden denunciar un abuso sexual es difícil que se llegue a una sentencia, ya que las mujeres abandonan el sitio donde levantaron la denuncia y las autoridades ya no le dan seguimiento.
Es necesario construir mecanismos legales para que el tiempo de investigación sea acorde con el lapso en que las migrantes estén de tránsito en la localidad, o para que la indagación pueda continuar sin importar si las migrantes siguen o no su viaje a EU, propuso Leonardo Mier Bueno, coordinador general de Vinculación Estratégica de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
Medina Rosas agregó que tales mecanismos o protocolos deben surgir desde el Estado mexicano, pero en coordinación con la sociedad civil.
Durante la mesa “Iniciativas y retos de los poderes de gobierno en la atención de mujeres migrantes que han sido víctimas de violencia sexual. Agendas y compromisos”, los grupos civiles Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (Incide) y Sin Fronteras presentaron el “Modelo de atención para mujeres víctimas del delito sexual en México”, el cual contempla atención en los ámbitos psicológico, médico y jurídico.
Marian González del Castillo, psicóloga de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), de la Procuraduría General de la República, propuso políticas públicas para la prevención desde los lugares de origen de las mujeres migrantes.
Sin embargo, Atzel García, integrante de la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, advirtió que en muchas ocasiones la denuncia de violaciones sexuales a mujeres migrantes “es imposible”, toda vez que los agresores son agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), quienes quedan impunes y siguen en funciones.
Sara Herrerías Guerra, titular de la Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delito (Pro-Víctima), explicó que cuando las denuncias no pueden hacerse por la vía formal, las migrantes pueden acercarse a la instancia a su cargo para recibir ayuda en el Distrito Federal, la cual incluye un seguro de mil 500 pesos mensuales, siempre y cuando la migrante cuente con un domicilio en esta ciudad.
13/CAC/RMB
