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Piden amnistía para indígenas presas por narcotráfico

Por Soledad Jarquín Edgar

Una Ley de Amnistía para mujeres indígenas presas por delitos contra la salud, la creación de un equipo de asesores jurídicos y la revisión de todo el sistema de impartición de justicia, propuso hoy la presidenta del Comité Pro Libertad de las Mujeres Presas, Concepción Núñez Miranda.

Ante el candidato de la Alianza Todos Somos Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, Núñez Miranda explicó que el gobierno del Estado debería impulsar ante la federación una ley de Amnistía para otorgar la libertad a las indígenas presas por narcotráfico.

La presidenta del Comité Pro Libertad de las Mujeres Presas Núñez Miranda, señaló que se trata de mujeres analfabetas y monolingües que viven en pobreza extrema, con necesidades apremiantes que las hacen vulnerables a ser utilizadas como “mulitas” por el pago de cantidades irrisorias para el transporte de marihuana.

También planteó la necesidad de crear equipo de abogadas y abogados capaces y conscientes para la revisión de los casos de cada una de las mujeres detenidas, para que muchas puedan quedar libres ya que sus procesos están llenos de anomalías.

La candidata a doctora por el Instituto de Pensamiento y Cultura en América Latina exigió revisar el sistema de impartición de justicia en el estado, y que se legisle según los nuevos tiempos y las nuevas necesidades y contradicciones de un sistema globalizado, desde una perspectiva de género.

La propuesta incluye además la creación de una escuela-albergue para las y los hijos de las presas, y un albergue-taller para que estas mujeres tengan una alternativa al recuperar su libertad así como un análisis –a largo plazo- de la legalización del uso de las drogas.

Núñez Miranda sostuvo que las historias personales de las mujeres presas se teje de tal manera que, al final llegan a la prisión, donde son juzgadas por leyes que desconocen en una lengua ajena y abogados de oficio que jamás harán una auténtica defensa de sus casos.

Recordó que estas mujeres son sentenciadas por jueces federales, que nunca las conocen y basados en sus expedientes tienen la consigna de “mano dura” para quienes cometen este tipo de delitos.

Se refirió al caso de una mujer sentenciada a 10 años de prisión por llevar 46 gramos de marihuana, misma sentencia que puede tener un hombre por transportar grandes cantidades, porque se argumenta que los jueces castigan el delito no la cantidad, lo que hace dudoso el sistema de impartición de justicia.

La presidenta del Comité Pro Libertad cuestionó al Estado Mexicano que “no imparte justicia sino injusticias y coincidió con lo dicho por el relator especial para la Independencia de Jueces y Magistrados de la Organización de las Naciones Unidas, en el sentido de que “quien no tiene dinero no tiene acceso a la justicia”.

Por separado, la maestra en sociología explicó que esta propuesta será presentada también al candidato de los Partido Revolucionario Institucional (PRI), del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), Ulises Ruiz Ortiz, y al candidato del Partido de Unificación Popular, Héctor Sánchez.

04/SJE/BJ

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