La Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATW-LAC) y la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual solicitaron el retiro del peruano Piero Solari Zerpa, director del Instituto Interamericano de la Niña, el Niño y Adolescentes, por ejercer violencia doméstica.
En marzo de 2006, la esposa de Solari Zerpa, encargado de esa entidad perteneciente a la Organización de Estados Americanos (OEA), denunció ante la Comisaría de la Mujer los reiterados maltratos físicos de que era objeto por parte de su cónyuge.
Tras constatarse la agresión física, mediante evidencia de moretones, mordidas y señales de haber sufrido estrangulamiento, el 22 de marzo el juzgado familiar especializado en violencia doméstica, a cargo de la jueza Rosario Alonso, dictó medidas de protección, prohibió a Solari acercarse a su esposa y ordenó el traslado de los antecedentes al juzgado penal correspondiente.
El amparo de la esposa de Solari, una ciudadana peruana de 36 años, está a cargo de la Casa de la Mujer de un distrito de la capital uruguaya y de la ONG Espacio del Desarrollo Personal, donde encontró refugio.
La Red uruguaya, integrada por 20 organizaciones no gubernamentales (ONG), repudió la presencia de Solari al frente del Instituto.
Andrea Tuana, integrante de El Faro, una ONG de infancia y adolescencia perteneciente a la red uruguaya, indicó que se resolvió informar a la Cancillería peruana el rechazo a la presencia de Solari en su actual cargo.
En ese sentido, argumenta que Uruguay no puede tolerar su permanencia al frente del Instituto, a partir de la responsabilidad de este país por ser sede de esta institución y de la sentencia dictada por los tribunales de justicia. «El mantenimiento de Solari en el Instituto significa un desconocimiento de la legislación uruguaya», concluyó.
En tanto, la mexicana Teresa Ulloa Ziáurriz, directora regional de CATW-LAC, envió una carta al Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, en la que afirma: «De ninguna manera, como sociedad civil, podemos permanecer calladas, ni hacernos cómplices de actos que se alegan o refutan privados, pero que son públicos».
Y añade: «porque la violencia contra la mujer o los conflictos conyugales han dejado de ser temas íntimos, confinados a la esfera privada, para convertirse en hechos públicos, en un delito cometido por un funcionario público de una institución regional, cuya función es la tutela y guarda de los derechos de la niñez y de la adolescencia».
Solicita, además, a la máxima autoridad de la OEA su intervención inmediata, ya que la permanencia de Solari Zerpa al frente del Instituto desacredita a esa entidad y coloca en entredicho los esfuerzos de la Comisión Interamericana de Mujeres sobre el tema de la violencia contra la mujer.
06/LR/CV
