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Piden evitar aprobación “al vapor” de Ley de Protección

Por la Redacción

“Es inviable” impulsar una Ley de Protección para Periodistas y Activistas en el estado de Morelos “sin socialización y sin una revisión adecuada y fundamentada”, consideró Jade Ramírez Cuevas, ex consejera del Consejo Consultivo del Mecanismo Federal de Protección para Defensores y Periodistas.
 
Ramírez Cuevas llamó al gremio periodístico en Morelos a  involucrarse y auditar el proceso mediante el cual el PRD en el Congreso local pretende aprobar sin la consulta suficiente una ley de protección.
 
Explicó que la ley federal y el propio mecanismo son “muy buenos”, pero han sido ineficaces en su operación “por falta de seguimiento puntual de las autoridades federales, para que se cumplan los tiempos y formas del principio ‘pro persona’ que estipula la ley”.
 
Por ello, Jade Ramírez consideró que en los estados el tema de protección para periodistas y personas defensoras de Derechos Humanos (DH) “no puede tomarse a la ligera”, y consideró que en Morelos “las cosas se han hecho al revés (…); existe un mecanismo  de respuesta que se activa, pero no hay una reglamentación, no hay  un ABC de cómo tiene que operar”, dijo.
 
Al no existir una reglamentación que especifique cómo se debe operar, “pone en riesgo a los responsables del mecanismo y de las activaciones (porque) deslinda responsabilidades de las autoridades de  Morelos, y no hay cómo garantizar que causen buen efecto las   medidas”, explicó.
 
Ramírez Cuevas remarcó que “no debe aprobarse con urgencia la iniciativa de protección de Morelos”. Precisó que debe surgir de la  revisión y consenso del mayor número de periodistas y defensores,  para que “desde la visión de los de a pie se hagan las observaciones, y que esa iniciativa no pase porque tenga que pasar, sino porque es la adecuada. Sin dejar vacíos”.
 
La ex integrante del Mecanismo Federal de Protección para Defensores y Periodistas alertó sobre la intención del gobierno federal “de regresar la responsabilidad a los Estados, pero (con eso)  vuelve más delicado el asunto, porque ¿cómo podrá asumir el gobierno local la seguridad de periodistas y defensores vulnerados por las propias autoridades del estado?”.
 
Para que opere una ley general como la de protección para periodistas y activistas “no se necesita que cada gobierno tenga su ley estatal sino que los gobiernos locales acaten las disposiciones de las autoridades federales”, detalló.
 
Jade Ramírez recomendó que se vigile “que la ley esté redactada en términos de estándares internacionales no violatorios de los Derechos Humanos”.
 
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