Los códigos penales de todo México deben ser homologados para que la violencia familiar sea penalizada con la misma severidad en el territorio nacional, afirmó hoy Rene Jiménez Ornelas, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
En el Segundo Seminario Sobre Violencia Familiar en el Distrito Federal, que inició la víspera en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, el experto lamentó la desinformación que hay en el tema y las condiciones de las víctimas, ya que la estructura penal y la atención privilegia al delincuente y no las protege.
En su presentación cuestionó la forma en que va a ser enfrentada la problemática del aumento de la violencia al interior de las familias, de la inseguridad y todas las variantes de actos violentos que se dan en la sociedad mexicana.
Señaló que la información oficial es insuficiente para realizar análisis profundos de los diferentes tipos de violencia que se registran y sugirió darle voz a las víctimas a través de un instrumento complementario de las investigaciones, como son las encuestas.
Explicó que en 1998 se realizó una encuesta en el estado de Morelos debido al numero de secuestros ocurridos durante el gobierno del gobernador Jorge Carrillo Olea, y agregó que estas consultas sirvieron para hacer un análisis y construir factores económicos y sociales en torno a estos actos delictivos.
Entre otras cosas el sondeo reveló que las mujeres son tanto víctimas como victimarias y que desde entonces hay un importante incremento en la participación femenina en actos delictivos.
La investigación arrojó además que cada vez las personas entran a la delincuencia a edades más tempranas, mientras la pobreza y falta de oportunidades de empleo lleva a cometer ilícitos a personas de la tercera edad, aunque en menor proporción.
Informó que los resultados de una encuesta realizada en la delegación Gustavo A Madero en 1999, una de las más grandes de las 16 que conforman el Distrito Federal, así como otra nacional en la que se aplicaron 35 mil cuestionarios, contradijeron las afirmaciones de las autoridades en el sentido de que los índices de delincuencia habían disminuido.
Esos sondeos revelaron que las mujeres se sienten más inseguras que los hombres, ellas temen usar transporte público, andar en la calle e incluso en los centros comerciales y las carreteras. Los únicos lugares en que se sienten seguras son los mercados.
Las mujeres consultadas comentaron que han dejado de realizar actividades por temor a ser víctimas de un delito y consideró que las encuestas permiten establecer patrones de conducta de la delincuencia, pueden constituir un complemento de la información oficial para conocer las características de las víctimas, los horarios en los que opera la delincuencia y el contexto social.
Señaló los asesinatos de mujeres en la norteña localidad de Ciudad Juárez son el ejemplo más claro de misoginia y agregó que ahí las mujeres están expuestas tanto en su trabajo como en la vía pública y las maquiladoras a ser agredidas.
Precisó que la comisionada para el caso, Guadalupe Morfín, está enfrentando obstáculos para tener acceso a toda la información oficial debido a la misoginia que persiste en ese lugar.
Se quejó de la falta de presupuesto que este año impidió la realización de la tercera encuesta de victimización, que iba a ser aplicada a 66 mil personas en todo el país.
El seminario, que concluirá mañana miércoles 19 de noviembre, es organizado por el consejo para la Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar, la Secretaría de Desarrollo Social y la Dirección General de Equidad y Desarrollo Social del Gobierno del Distrito Federal.
En él participan especialistas en el tema de diversas instituciones académicas, civiles y gubernamentales, como la Dirección general de Atención a Víctimas del Delito, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y la dirección de Atención a Indígenas del gobierno capitalino, entre otros.
2003/SM/MEL
