La Red Internacional de Periodistas con Visión de Género, integrada por periodistas de 20 países, solicitó a Felipe Calderón Hinojosa y al Procurador General de la República (PGR), Eduardo Medina Mora, aclaren el atentado que sufrió la periodista y defensora de los Derechos Humanos Lydia Cacho Ribeiro.
A través de una carta firmada por 159 periodistas y 26 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), la Red pidió a dichos funcionarios den curso y aclaren el atentado que sufrió el 7 de mayo de 2007 Cacho Ribeiro, pues ocurrió a bordo de una camioneta Suburban, placas 752RVC, propiedad de la PGR, que le fue entregada por un agente para su uso y en donde al parecer los birlos de la llanta estaban limados.
Es por ello que la Red exigió la investigación exhaustiva sobre el caso, la detención de las personas que resulten responsables. Y responsabiliza además a los funcionarios de la integridad física y mental de la periodista.
De la misma manera, en comunicado de prensa, las periodistas del mundo se solidarizan con Lydia Cacho y manifiesta su más amplia solidaridad con su colega mexicana ante el atentado contra su vida, ocurrido el 7 de mayo, y ante las amenazas que recibió del presunto pederasta Jean Succar Kuri días atrás durante un careo legal en una prisión, donde éste se encuentra recluido.
Es por ello que la Red demanda a las autoridades respectivas el esclarecimiento de los hechos, los cuales ya fueron denunciados por la afectada ante la PGR.
Lydia Cacho es autora de los Demonios del Edén, una investigación periodística en la que revela la existencia de una red de pederastia, protegida por políticos y empresarios, en la que está involucrado Surcar Kuri, entre otras personas.
La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos relacionados con Actos de Violencia contra Mujeres y la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ambas instituciones de México, actualmente investigan la presunta violación a las garantías fundamentales de Lydia Cacho, durante hechos ocurridos en 2005, cuando el ahora inculpado acusó a la periodista por difamación.
La Red Internacional de Periodistas con Visión de Género expresa su preocupación por la integridad física de su colega y solicita a las autoridades mexicanas garantías para que ella continúe los procesos legales que lleva a cabo en pleno ejercicio de sus derechos, entre ellos de su libertad de expresión, garantía amparada en convenios internacionales y respaldada por la existencia de esta convergencia de comunicadoras sociales.
CIDH ANTE DESAPARICIÓN DE PERIODISTAS
En este contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pide al gobierno de México realice una investigación exhaustiva del asesinato de Saúl Martínez Ortega, periodista de la revista Interdiario y del Diario de Agua Prieta, Sonora, y de la desaparición del reportero Gamaliel López Candanosa, así como del camarógrafo Gerardo Paredes Pérez, de Televisión Azteca Monterrey.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH instó a las autoridades mexicanas a investigar y esclarecer estos hechos de manera rápida y eficaz, y para que se sancione debidamente a los responsables.
La falta de una investigación efectiva puede hacer a los Estados incurrir en responsabilidad internacional determinada por la CIDH y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, indicó el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Ignacio J. Álvarez, en comunicado de prensa.
De la misma manera expresó su preocupación por estos lamentables hechos, que se suman a una ola de asesinatos, intimidaciones y agresiones a comunicadores sociales en México.
«La desaparición y el asesinato de periodistas se han vuelto recurrentes en algunas áreas de México, dice el organismo, por ello instamos a las autoridades a investigar para que los comunicadores sociales puedan ejercer libremente su profesión sin temer por sus vidas.»
Tan sólo en el año de 2006, la Relatoría Especial registró nueve asesinatos de periodistas en México por motivos que podrían estar relacionados con el ejercicio de su profesión. «Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada», indicó Álvarez.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión recuerda que, conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los Estados tienen el deber de prevenir, investigar y sancionar toda violación de los derechos allí reconocidos.
El Principio 9 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la CIDH señala que el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, violan los derechos fundamentales de las personas y coartan severamente la libertad de expresión.
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