La diputada María Araceli Vázquez Camacho, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), presentó una iniciativa que busca reformar los artículos 51 y 57 de la Constitución Política y el 20 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), a fin de establecer la obligatoriedad de que en la fórmula de candidatos a diputados y senadores de representación proporcional el propietario y suplente sean del mismo género.
Las modificaciones presentadas durante la sesión de ayer en San Lázaro surgen para que una vez instalado el Congreso los porcentajes de mujeres que obtienen una curul no se puedan reducir mediante la solicitud de la separación del cargo de las legisladoras propietarias.
Tal y como sucedió la semana pasada en que, tan sólo a 72 horas de iniciados los trabajos de la LXI Legislatura, ocho diputadas presentaron su renuncia: Laura Elena Ledesma Romo, Kattia Garza Romo, Mariana Ivette Ezeta Salcedo y Carolina García, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM); Ana María Rojas Ruiz y Yulma Rocha Aguilar, del Partido Revolucionario Institucional (PRI); Anel Patricia Nava Pérez, del Partido del Trabajo (PT), y Olga Luz Espinosa Morales, del PRD.
En este sentido, la diputada María Araceli Vázquez Camacho refirió que a pesar de ser sólo el 16.2 por ciento el espacio político que las mujeres han ganado en el Poder Legislativo, esto ha permitido incidir de manera directa en las legislaciones y adelantar en materia de derechos humanos de las mujeres, lo cual es más realizable cuando existe una mayor participación de las mujeres en los puestos de toma de decisiones.
Información de la organización civil Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad refiere que al arrancar la LXI Legislatura, de las 5000 curules 138 estaban ocupadas por mujeres –lo que representaba el 37.6 por ciento del Congreso–; sin embargo, de aceptarse las licencias de las ocho diputadas mencionadas quedarán sólo 130 mujeres, lo que significaría tan sólo el 2.6 por ciento más que en la Legislatura pasada.
Así, durante la sesión en San Lázaro, Vázquez Camacho subrayó que los partidos políticos deben garantizar la equidad de género a la hora de proponer sus candidaturas, cumplir con lo establecido en el Cofipe y respetar la composición de sus bancadas.
«Deben ser desterradas estas inercias negativas que violan no solamente los derechos políticos de las mujeres, cada vez es más clara la importancia y necesidad de impulsar con mayor empeño acciones concretas para la participación política de las mexicanas y lograr nuevos procedimientos de diálogo y propuestas», explicó.
Agregó que el acceso de las mexicanas al poder es un principio de justicia y equidad social e incorporar el punto de vista de las mujeres constituye un requisito fundamental para contar con la perspectiva de género desde su realidad específica.
La iniciativa de la perredista fue turnada a las comisiones de Puntos Constitucionales y de Gobernación. Cabe destacar que por no estar integradas todavía dichas comisiones la iniciativa permanecerán en la Dirección General de Proceso Legislativo.
Información de la Cámara de Diputados señala que la presencia de mujeres en San Lázaro iba progresado del tal forma que en la LVI Legislatura se eligieron 70 diputadas; en la LVII 87 diputadas; en la LVIII 80 diputadas y en la LIX 120 diputadas.
En la LX Legislatura tuvimos 117 diputadas y en la actual –la LXI– se cuentan 138 diputadas; de aceptarse las ocho renuncias sólo quedarán 130 diputadas y el aumento de las cuotas de género, que se buscaba con las reformas del Cofipe, quedará sólo en buenas intenciones.
Por otro lado, en el transcurso de la sesión el pleno camaral solicitó a la Procuraduría General de la República (PGR) la liberación de las ciudadanas Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, indígenas de Amealco de Bonfil, Querétaro, presas en el Cereso femenil de San José el Alto, en ese estado.
También pidió que a la mayor brevedad y en estricto apego a la ley, presente las conclusiones no acusatorias a las que el Ministerio Público de la Federación está obligado, al constatar, dentro de la causa penal que existe, duda razonable respecto a la responsabilidad penal del delito que se les imputa.
Asimismo, la Cámara de diputados exhortó a la autoridad federal a que analice la procedencia de mecanismos de reparación del daño a favor de las indígenas.
09/GTR/LG
