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Piden tomar violencia hacia mujeres como crisis epidemiológica

Por la Redacción

Organizaciones defensoras de mujeres en República Dominicana demandaron a las autoridades declarar una emergencia social nacional debido a la ola de violencia contra la población femenina en ese país y la indiferencia de los líderes políticos, eclesiásticos y comunitarios.

Mediante una carta abierta dirigida al presidente Hipólito Mejía, entre otras autoridades gubernamentales, el Grupo de Abogacía por los Derechos de las Mujeres, una coalición de organismos civiles, llamó a elaborar un «programa de acción para enfrentar la epidemia de violencia contra las mujeres».

La red de organismos civiles demanda inversión pública adecuada para los sectores de salud, educación, justicia y policía nacional, así como evaluar en lo inmediato la calidad de los servicios que ofrecen la policía y el sistema judicial a las sobrevivientes de violencia sexual y doméstica.

También demanda que se aplique la «ley 24-97» contra la violencia intrafamiliar, «una de las más avanzadas en la materia de todas las que existen en Latinoamérica», pues la resistencia a ejecutarla, las dificultades y los costos que entraña para las mujeres el presentar una querella, evitan alcanzar la justicia.

Igualmente exige que «las más altas autoridades del país, incluido el señor presidente de la República, refuercen su atención e involucramiento personal en el abordaje, tratamiento e inclusión de este problema tan grave en sus discursos públicos, en sus agendas cotidianas y en el presupuesto nacional».

El Grupo señala que hasta el 12 de noviembre, una «racha» de violencia cobró la vida de 91 mujeres en tanto que otras ocho mil 206 denunciaron agresiones, y las instituciones de apoyo legal y emocional, no obstante ser pocas y con insuficientes recursos, dieron asistencia a otras 512.

Menciona que una de cada tres mujeres sufrió algún tipo de agresión por parte de su marido u otra persona a partir de los 15 años; dos de cada tres entre las divorciadas o separadas, y una de cada diez mujeres recibió maltrato físico durante el embarazo, según la Encuesta Experimental de Demografía y Salud, de 1999.

Advierte a las autoridades que los ataques, asaltos, violaciones y asesinatos de mujeres son problemas nacionales y no «asuntos de mujeres», pues presuponen un nivel extremo de violación a los derechos humanos y de salud pública que «debe ser atendido con la urgencia que corresponde a las crisis epidemiológicas».

Esas realidades, muchas de ellas evitables, «apenas son mencionadas por los políticos y políticas», por las autoridades, «y en insuficiente medida se proyectan hacia los medios de comunicación, a pesar de su gravedad», expone.

       
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