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Piratería: un delito vinculado con la trata de niñas

Cuando una persona compra un casete o disco compacto pirata paga diez o 20 pesos para que una niña sea inducida al trabajo sexual o vendida con fines de explotación, “pero ningún partido cuestiona hasta dónde va a llegar esto, a nadie le interesa”.

Así lo advirtió Claudia Cruz de Santiago, del Instituto de Acción Ciudadana para la Justicia y la Democracia A.C, en la mesa panel “Derechos civiles y políticos” del primer encuentro estatal “Mujeres y feminismo”.

La conferencista informó que el presupuesto para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es de 43 mil 032 millones 410 mil 311pesos; para la Secretaría de Marina (Semar) asciende a 15 mil 846 millones 686 mil 124 pesos; a la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) se le asignaron 32 mil 437 millones 776 mil 662 pesos, y a la Procuraduría General de la República (PGR), 11 mil 781 millones 474 mil 57 pesos.

Dicho presupuesto lo comparó con el etiquetado para promover la equidad de género, que es de 10 millones 513 mil pesos, y explicó que no basta que las instituciones antes mencionadas destinen ese dinero a mayores equipamientos: si no invierten en prevención no se va a lograr revertir la delincuencia organizada.

Con respecto de las mujeres, manifestó que ellas son las más afectadas en la guerra contra el narcotráfico, porque tienen una relación más profunda con las víctimas y porque son las responsables de la reproducción y del ámbito familiar.

PREVENCIÒN Y FACTORES DE RIESGO

Claudia Cruz considera que las experiencias ambientales, dentro del entorno familiar y escolar, afectan los comportamientos sociales de los menores de edad. Por ello, propone realizar estudios longitudinales y aportar recursos para el desarrollo funcional del ámbito familiar; variar el ambiente escolar para librarlo de oportunidades prácticas de violencia, y mantener a las y los jóvenes ligados a trabajos comunitarios.

Llamó a invertir en prevención, porque se puede inhibir la violencia con la atención a factores de riesgo, e indicó que el estado de Chihuahua está en guerra: “las y los jóvenes que aparecen ejecutados son seres humanos; son hijos de la pobreza, porque no vivían en un ámbito de productividad”.

Destacó, además, cinco factores de riesgo: individual, familiar, educación, vecinal y relaciones.

En lo individual, se debe poner mayor atención al abuso de drogas y alcohol, la baja motivación, la agresividad, el bajo nivel de autocontrol y baja capacidad de integración social. En lo familiar es necesario atender la disfunción, el abuso, el conflicto, la baja supervisión paternal y los familiares delincuentes y la falta de cohesión en el núcleo.

En educación, deben atenderse los bajos niveles de desempeño, el ausentismo, el abandono académico, el bajo nivel de motivación y los problemas de comportamiento. Con respecto al factor vecinal, destacan la desorganización, la pobreza, las drogas y las armas de fuego, las condiciones de vivienda precarias, la infraestructura vecinal deficitaria, así como el bajo capital social.

En cuanto a las relaciones, se recomienda estar atentos a amigos delincuentes, miembros de asociaciones delictivas, alienación, y falta de modelos de vida relevantes.

La ponente destacó que una de las soluciones para estos factores de riesgo es la implementación del artículo 31 de la Convención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contra la Delincuencia Organizada, la cual se refiere a la creación de programas gubernamentales no gubernamentales, financiados por el sector privado, el público u organismos internacionales.

Finalmente, indicó que los delitos más comunes en México son violencia familiar, violencia contra las mujeres, violación, hostigamiento, acoso y abuso sexual, trata de personas, turismo infantil, explotación de migrantes, trabajos forzados, pornografía infantil, pederastia, piratería, secuestro, secuestro exprés, pago de rescates y pago de impuestos a la delincuencia organizada.

09/PMO/YT

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