Plan b – Emergencia a la mexicana

México es uno de los pocos países democráticos emergentes en que las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a ayudar y proteger a miembros de su comunidad, se debilitan y cierran sus puertas ante la crisis.
 
Si bien es cierto que a nivel global las grandes organizaciones civiles defensoras de los Derechos Humanos enfrentan una crisis económica histórica, lo de México, como los frijoles, se cuece aparte.
 
Las Organizaciones de la Sociedad Civil  (OSC) asumen una tarea de defensa de ciertos grupos sociales (desde el cáncer, las personas con capacidades diferentes, hasta la erradicación de la violencia en todas sus expresiones), y con su trabajo profesional articulan nuevos modelos de protección y atención que, sin ellas, quedarían absolutamente desprotegidas.
 
Durante los 70 años de priismo, las organizaciones civiles precisaban de la venia de los gobernadores para operar y adquirir la deducibilidad de impuestos que les permitiera obtener donativos.
 
Con esa venia se hacía un acuerdo tácito de no criticar al gobierno a cambio de que el gobierno no les atacara o desacreditara; quienes quedaban fuera eran catalogadas como “organizaciones rebeldes o comunistas”.
 
Los registros de organizaciones profesionales eran inexistentes. No fue sino hasta fines de los años 90 que en México los movimientos civiles impulsaron la Ley Federal de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil.
 
La Secretaría de Desarrollo Social creó un patrón de registros que permite reconocerlas e impulsar políticas de colaboración entre el Estado y estos grupos. El problema es que solamente siete estados han aprobado esta ley y la mayoría carecen de registros. Las reglas establecen que quienes no estén registradas debidamente no pueden operar legalmente.
 
Según datos oficiales, México, con 115 millones de habitantes, cuenta con 16 mil OSC. Estados Unidos, con población de 310 millones, tiene un millón 500 mil OSC registradas, según datos del investigador Óscar Moya Marín, quien estima que existe una OSC por cada 49 mil habitantes para México, y una OSC por cada 18 mil habitantes para EU.
 
El registro oficial cuenta con 11 mil 809 organizaciones, pero se calcula que existen unas 35 mil, y este crecimiento se debe al incremento de la violencia en el sexenio calderonista y su consecuente aumento de tortura, fabricación de falsos culpables y violación a los Derechos Humanos en general.
 
Argentina cuenta con 120 mil OSC especializadas y la India registra más de un millón que reciben fondos internacionales para ayuda humanitaria de toda índole. En México el Sistema de Administración Tributaria (SAT) reporta 8 mil 300 organizaciones con permisos de deducibilidad para operar legalmente.
 
Un estudio de la Función Pública reveló que 6 de cada 10 personas en México prefieren dar limosna en la calle que hacer un donativo formal a una organización en su comunidad.
 
Los prejuicios y desconfianza que en México se tiene hacia las OSC no se viven en Guatemala ni en la India, países similares en los niveles de corrupción.
 
Más bien responde al papel que el Estado ha jugado para desacreditar públicamente a las organizaciones que son críticas del sistema, y a la falta de cultura de corresponsabilidad ciudadana.
 
La vida de las organizaciones se debilita y complejiza en la medida en que los donatarios independientes, eminentemente internacionales, exigen colaboración con gobiernos locales a quienes normalmente estas organizaciones exhiben por corrupción.
 
Por otro lado, las donatarias no invierten si la organización no es medianamente autosuficiente, sin entender que no hay autosuficiencia en un país cuyo régimen ahorca la colaboración.
 
En EU, 4 de cada 10 empresas hace donativos a organizaciones civiles, en México es una de cada 10 mil.
 
Las empresas mexicanas no tienen alicientes para colaborar con la sociedad civil, pero tampoco quieren meterse en problemas con los gobiernos locales. 
 
Muy pocas apoyan el trabajo de quienes protegen a migrantes indocumentados o a víctimas de violencia doméstica y trata de personas. Su argumento es que temen que los agresores y sus cómplices (que pueden estar vinculados con los gobiernos, las policías o incluso militares corruptos), averigüen que su empresa ha donado y ello les traiga represalias.
 
Ese es un temor fundado por la cultura del terror que han generado los gobiernos que promueven el miedo como un agente desestabilizador que les permite tener el control de la sociedad. El clásico “divide y vencerás” llevado a sus últimas consecuencias.
 
Lo cierto es que mientras la sociedad entera no apoye a quienes erradican la pobreza, desigualdad, violencia y enfermedad de sus comunidades, éstas seguirán creciendo sin remedio. Es más fácil cambiar el comportamiento comunitario con el ejemplo, que renovar el sistema económico y político que nos tiene atrapadas en la incertidumbre.
 
www.lydiacacho.net
Twitter: @Lydiacachosi
 
*Plan b es una columna publicada lunes y jueves en CIMAC, El Universal y varios diarios de México. Su nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.
 
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